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Libros de derecho constitucional procesal y politico
En Abacus disponemos de la mejor selección de libros de derecho constitucional, procesal y político. Navega entre cientos de manuales, tomos y ejemplares imprescindibles para el estudio de esta disciplina. Compra Libros de derecho constitucional, procesal y político online. En esta sección encontrarás un gran número de libros de derecho constitucional, procesal y político para complementar la formación universitaria reglada en Derecho y aumentar los conocimientos en materia de legalidad y jurisprudencia. En nuestra selección disponemos de tomos sobre la Ley de Enjuiciamiento Criminal y Civil, Ley orgánica del poder judicial, distintas versiones de la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña, la Constitución de Weimar, manuales sobre Derecho Constitucional, Sistema procesal español, entre otros.
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Elementos para el estudio del Derecho de la Comunicación es una obra que ofrece a los estudiantes de la materia Derecho a la información, Derecho de los medios audiovisuales y Derecho de las telecomunicaciones, impartida en aquellas titulaciones de Grado no esencialmente jurídicas, tales como Periodismo, Comunicación Audiovisual o Publicidad, unos materiales de estudio sencillos y con los conceptos jurídicos básicos, que le van a permitir un correcto desarrollo de su profesión. Se trata de un texto adaptado al perfil de este alumnado y a las características de su titulación. Cada una de las lecciones que integran la obra responde a una misma estructura, que se inicia con las palabras clave que identifican cada materia, a continuación se enumeran los objetivos que se pretenden conseguir en la misma, para pasar a una exposición sencilla y clara del contenido docente. Junto a ello, se ofrece un material didáctico que trata de facilitar el estudio y asimilación de cada una de las materias y que integra unas preguntas clave, test de autoevaluación, bibliografía específica, normativa de referencia y enlaces web de utilidad. Finalmente, cada lección se acompaña de tres actividades complementarias, enfocadas al perfil de la titulación, y que persiguen facilitar la aprehensión del contenido teórico, así como complementar algunos de los aspectos que no han podido ser objeto de suficiente atención en el bloque teórico.
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El escudo del Estado: el derecho como instrumento de orden público y control social es una obra elaborada en el marco del proyecto puente de investigación de la Universidad Rey Juan Carlos, 2022: “Desarrollo y análisis de metodologías gamificadas para incentivar la participación de la sociedad en una cultura de Seguridad y Defensa democrática y humanitaria (GAMES-SEGYDEF)”. Las ocho contribuciones que forman parte del libro son textos originales de profesores e investigadores de las universidades Rey Juan Carlos y de Valladolid adscritos a las áreas de Historia del Derecho y las Instituciones y Comunicación Audiovisual y Publicidad, miembros todos ellos del equipo investigador responsable de la ejecución del proyecto.
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La edición conjunta de la Constitución española de 1978 y del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid ofrece a juristas, instituciones y ciudadanía una compilación completa de las normas fundamentales que definen el marco constitucional y estatutario de la Comunidad Autónoma. A través de los índices analíticos que se incorporan al final de los textos se realiza una ordenación temática del material normativo destinada a facilitar su consulta individualizada o comparativa.En la edición del Estatuto de la Comunidad de Madrid se ha incorporado la previsión de la Ley 29/2010, de 16 de julio (BOE de 17 de julio), del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad de Madrid y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, que modifica el apartado 1 de la Disposición Adicional 1.ª del Estatuto.
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La obra analiza la obligación de interpretar el Derecho nacional, incluida la Constitución, de conformidad (interpretación conforme) con el Derecho de la Unión Europea. Una exigencia inherente al Derecho de la Unión, impuesta por el mismo, que alcanza de forma particular al órgano jurisdiccional nacional encargado de aplicarlo, y que consiste en la obligación de interpretar el Derecho nacional a la luz y los objetivos del Derecho de la UE. Una exigencia que obliga a descartar o desplazar, de entre los significados posibles de la disposición nacional interpretada, obtenidos de la aplicación de los cánones interpretativos, aquel o aquellos que no se acomoden a las disposiciones de la Unión. El estudio está dividido en dos partes. La primera se centra en la descripción general y actualizada del mecanismo de interpretación conforme al Derecho de la UE, apuntando también a su incorporación y funcionamiento en el ordenamiento español. Y la segunda aborda, de forma más específica, el análisis de la obligación de interpretar la propia Constitución nacional de conformidad con el Derecho de la Unión Europea, particularmente cuando quien realiza la exégesis conforme es el Tribunal Constitucional. La exigencia de interpretación constitucional conforme, incluida la exégesis de las disposiciones constitucionales relativas a Derechos Fundamentales de conformidad con el Derecho de la Unión y, particularmente, con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, afecta al órgano jurisdiccional nacional encargado de aplicar el Derecho de la Unión. Pero alcanza, asimismo, al Tribunal Constitucional (o equivalente) del Estado miembro cuando da relevancia constitucional al Derecho de la Unión en los procesos constitucionales de los que conoce.
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Este libro supone el culmen de más de treinta años deestudio de la historia constitucional comparada. Unrecorrido claro y documentado que se remonta a los orígenes del pensamiento constitucional español en el siglo XVIII, y alcanza hasta el tiempo presente, situando nuestra historia constitucional en el contexto del constitucionalismo occidental en el que tiene su cabal asiento.
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¿Cómo funciona realmente la justicia en España y cómo afecta a nuestro bienestar? Un sistema judicial eficaz es esencial para el desarrollo económico y su lentitud cuesta mucho dinero. Sirva de ejemplo que las grandes empresas españolas provisionan cada año 12 mil millones de euros para hacer frente a posibles litigios, más de lo que reservaron los Presupuestos Generales del Estado para infraestructuras en 2021. Pero no solo las empresas se ven afectadas, también la vida diaria de los ciudadanos cambia según como funcione la justicia, incluso si nunca han tenido un pleito. Una buena muestra de ello es que, si se lograra reducir en un solo punto la congestión judicial, Madrid ganaría 3.400 viviendas en alquiler y Barcelona, 3.100. Este libro analiza, con datos claros y objetivos y con un lenguaje ameno, la situación del sistema judicial en España, incluyendo su digitalización y sus medios, sus diferencias territoriales y las circunstancias de sus distintos actores, como jueces y abogados. Tras exponer las consecuencias para la sociedad y la economía españolas, el libro aborda las posibles soluciones, entre ellas, potenciar la mediación.
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El estudio de la morosidad de la Administración plantea la necesidad de formular un concepto de obligación administrativa. En este libro se delimitan los conceptos de obligación, deber, inactividad, morosidad y mora de la Administración. Asimismo, se analizan los problemas y avances normativos relacionados con la morosidad en diversos ámbitos: las prestaciones sanitarias, las obligaciones económicas de la Junta de Andalucía, los conciertos farmacéuticos, el servicio de asistencia jurídica gratuita, el sistema de atención a la dependencia y la situación de los ERTE tras la crisis de la COVID-19. Las estrategias normativas contra la morosidad de la Administración se han desarrollado principalmente en el ámbito de la contratación pública. La Directiva europea abordó inicialmente la problemática de la morosidad con una misma respuesta jurídica para el sector privado y el sector público. En España se ha ido desarrollando un completo subsector normativo en materia de lucha contra la morosidad administrativa que regula los plazos de pago, refuerza el control judicial y añade un control financiero. La morosidad de la Administración constituye una fuente de controversias judiciales entre Administraciones y contratistas.
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Este libro analiza las aportaciones efectuadas por el Tratado de Maastricht tras su entrada en vigor, así como su eficacia y vigencia a día de hoy, a la luz de las nuevas circunstancias y evolución del proyecto comunitario. En esta obra, diferentes expertos en Derecho comunitario de distintos estados miembros de la Unión Europea analizan, desde diferentes áreas y perspectivas jurídicas, las aportaciones que en su día supuso el Tratado de Maastricht, y su repercusión en el proceso de integración europea, centrándose sobre todo en los aspectos relacionados con la evolución democrática de la Unión Europea y en el proceso de integración económica desde las nuevas perspectivas sociales y medioambientales aportadas por Maastricht.
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El proceso constituyente belga de 1830-1831 es un fenómeno que no debe pasar desapercibido en la historia constitucional comparada. Inspirado por el ejemplo revolucionario francés, el pueblo belga declara su independencia el 4 de octubre de 1830, y a través del Congreso Nacional como poder constituyente comienza la creación de la Constitución nacional. Durante varios meses, la influencia de las potencias europeas, el liderazgo de los unionistas belgas y las cuestiones trascendentales para el sistema constitucional aportan una relevancia transversal que caracteriza a esta creación constitucional sui generis. Todo ello desemboca en la promulgación de la Constitución belga el 7 de febrero de 1831, y en la proclamación de Leopoldo I el 21 de julio del mismo año, momento en el que se completa la obra del constituyente. Esta Constitución cimentó las bases del constitucionalismo liberal decimonónico, funcionando como opera prima del joven Estado belga: erigió sus instituciones sobre el principio de soberanía nacional, consagró una carta de derechos y libertades completa según el ideario liberal y estableció la separación de poderes, así como garantías constitucionales para el desarrollo y protección de su contenido. La Carta Magna belga continúa en vigor. Durante más de un siglo gozó de una estabilidad infrecuente para la realidad europea. Sus cambios más destacados no llegarían hasta finales del siglo XX, donde sus sucesivas reformas han convertido a Bélgica en el Estado federal que hoy conocemos.
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En esta obra colectiva se recogen opiniones de los prácticos (Abogados, Magistrados, Fiscales, Letrados de la Administración de Justicia, Letrados de Gabinetes jurídicos de las CC.AA, Registradores, Notarios) y de Profesores de distintas Universidades y, por tanto, con opiniones académicas. La obra tiene como objetivo una visión crítica de Horizonte Justicia 2030 y, concretamente, de los Proyectos de eficiencia procesal, eficiencia organizativa y eficiencia digital que actualmente están siendo objeto de tramitación en las Cortes Generales. Cada capítulo nos proporciona el resultado de un análisis riguroso de los programas integrados en Horizonte 2030 que, a decir del propio Ministerio de Justicia, pretenden lograr una reducción de tiempos y satisfacción de la ciudadanía, pero también una eficiente asignación de recursos invertidos, impacto ambiental, capacidad de gestión de datos y mejora interna del Servicio de Justicia.
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La responsabilidad de los médicos se ha transformado a lo largo de los siglos, desde la casi total impunidad inicial hasta la actual etapa de juridificación del acto médico: el profesional responde si no ha actuado conforme a un estándar de diligencia conocido como lex artis ad hoc. El núcleo de dicho concepto jurídico descansa en la idea de que el facultativo no responde ante cualquier mal resultado, sino únicamente como consecuencia de errores que merecen la calificación de negligentes (malpractice) y que son presupuesto causal de un daño injusto que el paciente no tiene obligación de soportar. La intervención del Derecho en la actividad asistencial pretende reducir las asimetrías endémicas que surgen en la relación médico-paciente, concretando su máximo paradigma en el principio de autonomía del paciente. Sin embargo, el innovador -aunque todavía incompleto- abandono del modelo paternalista tradicional y su sustitución por las técnicas jurídicas que disciplinan la prestación de servicios profesionales, ha alimentado el temor de no pocos médicos a recibir una demanda por responsabilidad (legal risk). Buena parte de los mecanismos desarrollados como respuesta de autoprotección clínica han desbordado la necesaria proporcionalidad, lo que ha propiciado su tipificación como ?medicina defensiva?. Dado que estas prácticas defensivas son especialmente perjudiciales para el sistema sanitario en su conjunto, es de la máxima prioridad poner a disposición de los profesionales sanitarios una información completa y rigurosa para que conozcan la realidad de la negligencia médica en España.
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Esta obra constituye una aportación original y significativa sobre el régimen jurídico-administrativo aplicable al medicamento en España, en la que se pone de manifiestoel intervencionismo administrativo al que se encuentra sometido el medicamento.
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En este libro se contienen dos estudios sobre la sociedad digital.En el primero de ellos, La verdad en la sociedad digital, se analiza la configuración de la verdad en sus diferentes contextos, desde el mundo jurídico de la aplicación del derecho, caracterizado por la certeza, hasta la sociedad digital en la que domina la incerteza, pasando por el entorno constitucional de la democracia pluralista, en el que destaca la dimensión procesal de la verdad. La incerteza en la sociedad digital se acentuará con el desarrollo de aplicaciones de IA generativa, como el ChatGPT.En el segundo de los estudios, La interpretación en la sociedad digital, se parte de la base de que los momentos actuales de la interpretación del derecho exigen un nuevo paradigma de estudio, porque el rápido cambio de las sociedades actuales y su configuración han dado paso a nuevas formas de poder que desplazan definitivamente muchas de las formulaciones de las últimas décadas, y crean un nuevo marco de situaciones donde el método jurídico clásico ha entrado en un fuerte peligro de obsolescencia.
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La presente edición incluye la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, con todas las modificaciones introducidas hasta la actualidad. El contenido está acompañado de un prólogo explicativo del alcance de esa importante Ley, además de un índice analítico de materias que facilita la consulta del articulado.
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Se plantea el análisis y caracterización de la actualidad con la reserva de una actualidad cada vez más inestable. Se parte como supuesto básico de la relación, también actual, Capitalismo - Democracia - Derecho, como ámbito condicionante en el que se desarrolla. A continuación, tras justificarse metodológicamente, se utiliza la Constitución del Estado social y la especificidad de sus componentes como parámetro de la actual, deduciéndose, junto a sus diferencias, la dificultad para definirla según las categorías clásicas. Ante ello se propone la de “Situación constitucional” que se conceptualiza previamente. Tras su exposición, se abordan, finalmente, las consecuencias que se derivan de esa “Situación constitucional”, tanto respecto de la realidad y su dinámica como respecto de la teoría jurídica y Constitucional, constatándose, en este último aspecto, la necesidad de su revisión para tener “vigencia”, según la perspectiva del Constitucionalismo Crítico.
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Evocación iusliteraria de diversos episodios de la inmortal novela cervantina, que inciden en aspectos jurídicos, como los ideales de justicia y libertad, la tutela de víctimas y desvalidos, los procedimientos de justicia inmediata, las vías alternativas, las profesiones jurídicas, el buen gobierno de la república bien fundada, entre otros muchos. Se añade un itinerario por los lugares cervantinos de Barcelona, que invita a un recorrido temático por la ciudad.
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En el contexto de la pandemia ocasionada por el COVID en España, desde el Estado se aprobaron y ratificaron determinadas normas que vulneraron los derechos fundamentales de los ciudadanos. Principalmente, los dos decretos de estado de alarma aprobados fueron declarados inconstitucionales por el alto tribunal de garantías. No obstante, se vulneraron más derechos fundamentales que los que fueron recurridos al Tribunal Constitucional. Yegor estuvo analizando durante el primer año de la pandemia dichas normas en sus redes sociales, pero con el fin de agrupar y sintetizar dichas interpretaciones, nace la idea de este libro. Este manuscrito pretende en primer lugar acercar al lector hacia una comprensión de las nociones más básicas de los derechos fundamentales, para a continuación sistematizar las distintas libertades individuales que fueron lesionadas durante la pandemia. El escritor se aleja de sesgos ideológicos y se centra exclusivamente en analizar conforme a derecho las distintas normas aprobadas para determinar qué derechos fueron vulnerados. En efecto, se trata de un análisis estrictamente jurídico donde se pretenden dos objetivos principales: de un lado, que no sea un libro solamente para quienes pertenezcan al gremio jurídico, sino más bien para cualquier ciudadano que quiera saber qué es lo que ha pasado con sus derechos en el contexto de la pandemia, es decir, es un libro para la gente. Y, de otro lado, se trata de un libro que, independientemente de a quien corresponda la responsabilidad de lo sucedido, realza la relevancia de que todos los ciudadanos conozcan sus derechos y al mismo tiempo la importancia de reivindicar el respeto hacia ellos.
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Se publica en este libro el dictamen sobre el Proyecto de la Constitución, elaborado por Manuel García-Pelayo en 1978 por encargo de UCD. Una pieza jurídica de singular importancia y que hasta ahora había permanecido inédita. Conocerla va a servir a los lectores de este libro para aquilatar aún más al García-Pelayo constitucionalista e incluso para comprender mejor nuestra actual Constitución.
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Materials de Dret Constitucional. Fonts del dret és el segon volum que publiquem conjuntament i que té com a propòsit, en la mateixa línia del primer volum, el de resultar una eina útil per a l'aprenentatge del dret constitucional. En aquest cas, els Materials estan referits a la part de l'assignatura dedicada a les fonts del dret. Cadascun dels vuit temes en què es divideix aquest segon volum s'estructura, com el primer, en set apartats. Els quatre primers ofereixen els fonaments teòrics de la corresponent lliçó: l'«Esquema» assenyala quina és l'estructura bàsica i quins són els aspectes més importants que cal conèixer. Les «Eines jurídiques» aporten informació sobre les fonts bibliogràfiques de cada tema i, si és dóna el cas, sobre la normativa, la jurisprudència i els recursos electrònics de suport. S'indiquen, en tercer lloc, els «Objectius didàctics», i en les «Paraules clau» es defineixen els conceptes teòric bàsics. Els tres darrers apartats proposen al lector una participació activa en la preparació del temari: els «Temes de debat» pretenen conduir a una reflexió més enllà dels objectius didàctics propis del tema, les «Preguntes d'elecció múltiple» constitueixen una eina per a l'autoavaluació i els «Materials complementaris» són lectures de consolidació i ampliació dels coneixements adquirits. Mercè Barceló i Serramalera (Barcelona, 1962) és catedràtica de Dret Constitucional a la UAB. És autora, entre altres obres, de Derechos y deberes constitucionales en el estado autonómico (1991), Dret públic de Catalunya (2001, 2003) i La Ley orgánica. Ámbito material y posición en el sistema de fuentes (2004). Ha estat lletrada del Tribunal Constitucional i, actualment, és membre de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya. Josep M. Castellà Andreu (Tortosa, 1967) és professor titular de Dret Constitucional a la UB. És autor, entre d'altres, de Los derechos constitucionales de participación política en la Administración pública (2001) i La función constitucional del Estatuto de autonomía de Cataluña (2004). Fernando Domínguez García (Barcelona, 1978) és professor lector de Dret Constitucional a la UAB. Autor, entre d'altres, de Las regiones con competencias legislativas (2005) i Más allá de la nación. La idea de España como «nación de naciones» (2006). Enriqueta Expósito Gómez (Barcelona, 1968) és professora titular de Dret Constitucional a la UB, universitat on es va doctorar l'any 2001. És autora, entre d'altres, de la monografia La libertad de cátedra (1995). Esther Martín Núñez (Barcelona, 1966) és professora titular de Dret Constitucional a la UB i autora, entre d'altres, del llibre El régimen constitucional del cargo público representativo. Un estudio del art. 23.2 CE (1996).
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El sábado 1 de julio de 1933, Anatole de Monzie, ministro de Educación del gobierno Daladier, acompañado del rector del Ateneo de París, abría sigilosamente la puerta de la khâgne del Lycée Henri IV y se sentaba a escuchar la última lección de un agregé de filosofía al que sus alumnos conocían por Émile Chartier y que firmaba sus Propos con el seudónimo de Alain. A la salida del aula, todos se dirigieron a la estancia en que se ofrecía un vino en honor al profesor, cuando, de repente, alguien cayó en la cuenta de que el homenajeado se había escabullido discretamente por la puerta de atrás, rehuyendo de manera humilde, a la vez que harto elocuente, el tributo que el Estado se disponía a brindarle en su jubilación, convencido de que en una República la única opción legítima era vivir y actuar honestamente como ciudadano y que semejante devoción no merecía recompensa alguna. Aquel profesor -en palabras de René Capitan- encarnaba la ideología de la III.ª República, era el gran mentor de la idea radical que había servido para construir el discurso republicano francés que en el siglo XX se expandiría por Europa y buena parte de América Hispana.
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Ley de Enjuiciamiento Criminal y otras normas procesales
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Muchos de los fantasmas que en la actualidad acechan a la democracia se sustentan en una falsa premisa, la que sostiene que si el pueblo gobierna es que todo lo puede, pues si todas las leyes emanan de la voluntad popular, ésta no puede someterse a ley alguna. El problema es que «pueblo» y «voluntad popular» son abstracciones que solo pueden concretarse y volverse inteligibles mediante reglas. Pueblo no es sinónimo de muchedumbre y su voz es lo contrario del ruido de voces superpuestas, por eso el sujeto soberano es una creación jurídica que expresa su voluntad mediante un discurso que no es la voz de nadie en particular, sino la transposición mediante reglas de todas las voces. Claro que las reglas que definen qué es el pueblo no pueden precederlo a riesgo de negarlo, pues la soberanía rechaza imposiciones extrínsecas. De ahí que el pueblo como sujeto de derecho se despliegue en democracia mediante una autoafirmación que comporta implícitamente sus propios presupuestos y reglas como sujeto colectivo soberano. A tales reglas las denominamos derechos, cuyo entramado se deduce a partir de dos presupuestos que sustentan toda la dogmática jurídica democrática: la igualdad de todos los integrantes de ese sujeto colectivo y su libertad de agencia individual, como expresión de su rasgo más característico, la razón humana. Así, al contrario de lo que muchas veces se cree, los derechos humanos constitucionalizados no son el resultado de una elección contingente del soberano democrático, sino que constituyen su presupuesto posibilitante, comportando en lo sustancial un fundamento jurídicamente intangible. Los límites implícitos de la democracia tienen que ver, por tanto, con la coherencia interna de su expresión pragmática. La presente obra analiza estas cuestiones, primero teórica y luego prácticamente, a partir de una esclarecedora indagación en el método constitucional comparado que nos lleva a la Sudáfrica del apartheid, a los entresijos de la India independiente y a la rebelión dorrita de Rhode Island.
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha convertido en un agente clave en la conformación del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, tanto por el efecto directo que la sentencia comunitaria tiene en la resolución del proceso en el que el juez nacional presenta la cuestión prejudicial, como por su influencia indirecta sobre los tribunales nacionales, que deben ejercer su función jurisdiccional adecuando la interpretación de la norma nacional a la interpretación judicial comunitaria, y sobre el legislador, que en no pocas ocasiones ha tenido que acometer reformas para ajustar nuestro ordenamiento jurídico a la interpretación del Tribunal comunitario. En definitiva, la jurisprudencia comunitaria ha reforzado los derechos de los trabajadores pues, superando el principio de territorialidad y la tradicional primacía del Derecho nacional, lleva a cabo una labor de uniformización en la aplicación de los pilares del modelo social europeo, contribuyendo a su consolidación y al reforzamiento del sentimiento europeísta. Esta monografía es fruto del trabajo desarrollado en el Proyecto de Investigación «Aplicación por los Tribunales españoles de la jurisprudencia comunitaria en materia social» del Grupo de Investigación 060 (Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social) de la Universidad Jaume I-Castellón del Plan de Promoción de la Investigación UJI. Su objetivo era llevar a cabo un estudio de la recepción de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el legislador y los tribunales españoles del orden social, en suma, analizar el grado de penetración de la doctrina jurisprudencial en el ordenamiento jurídico español.
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