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Libros de derecho
¿Estás formándote como abogado, fiscal o juez? ¿Te interesa el mundo de la justicia y la legalidad? En Abacus tenemos los mejores libros de derecho con los que ampliar tus conocimientos en esta materia. Compra libros de derecho online. En esta sección encontrarás una gran selección de libros de derecho en formato de tapa blanda y en español y catalán. Manuales de estudio imprescindibles sobre distintas ramas del Derecho, su jurisprudencia y legalidad. Lecturas sobre Derecho Civil y Penal, Derecho Laboral, Administrativo o Constitucional, copias originales del Código Civil, Código Penal, Ley Orgánica del Poder Judicial, el Estatuto de los Trabajadores, así como Criminología y otras disciplinas.
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En esta obra, se aborda el estudio de la matemática financiera desde una perspectiva eminentemente práctica, dinámica y adaptada a las necesidades de aquellos que carecen de conocimientos previos en cálculo financiero. Se ha renovado y actualizado el enfoque, para brindar una experiencia de aprendizaje enriquecedora. Desde las leyes financieras básicas pasando por conceptos más avanzados como la Tasa Anual Equivalente (TAE) y el Tipo de Interés Nominal (TIN), la valoración de distintos tipos de rentas y hasta el estudio de préstamos y empréstitos, se exploran de manera exhaustiva todos los aspectos relevantes de las matemáticas financieras. Los planteamientos teóricos se refuerzan con ejemplos explicativos y ejercicios resueltos, lo que permite comprender de manera práctica y aplicada los conceptos presentados. Además, en el capítulo final, se incluyen ejercicios adicionales resueltos en Excel 365, con múltiples variantes y opciones de resolución, lo que facilita la conexión entre el ámbito académico y el entorno empresarial cotidiano.
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Desde que el Asunto de la Asociación de los Jueces Portugueses fuese pronunciado en 2018, la independencia judicial se ha instalado en el foco de la jurisprudencia del TJUE. Si bien esa jurisprudencia se inició debido a los particulares desarrollos sufridos en algunos de los Estados Miembros de la UE en el contexto de la llamada “crisis del Estado de Derecho”, hoy esa jurisprudencia, de gran calado estructural y material, no se haya en modo alguno circunscrita a dicha situación de crisis. Los pronunciamientos que el TJUE viene realizando desde hace ya cinco años en el ámbito de la independencia judicial suponen un desarrollo constitucional de envergadura que va más allá de una situación coyuntural y circunscrita a determinados Estados Miembros. Dada la relevancia general y no limitada ni geográfica ni temporalmente a situaciones de crisis sistemática del Estado de Derecho, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia debe ser examinada desde el punto de vista de sus implicaciones para todos y cada uno de los Estados Miembros de la Unión, y para el propio poder judicial de la Unión. La cuestión de la independencia judicial y su examen por parte del TJUE está sometida a una enorme tensión: por una parte se trata de un aspecto de la organización constitucional de los Estados Miembros en la que la Unión no dispone de competencia. Por otro, se trata de una cuestión existencial para la supervivencia de la Unión, presupuesto indispensable para el funcionamiento de su sistema jurídico que reposa en la premisa de la Unión de derecho y su protección jurisdiccional –argumentos que han fundamentado que el TJUE reconociese su competencia en la materia. En este contexto, esta obra pretende sistematizar la jurisprudencia sobre independencia judicial en el TJUE en los últimos cinco años con el objeto de esclarecer sus implicaciones prácticas, también en lo que respecta a las propias jurisdicciones de la Unión. Para ello, el libro se estructura en cinco capítulos. Los tres primeros examinan todas las vías procesales a través de las cuales la cuestión de la independencia judicial ha llegado (o puede llegar) hasta el Tribunal de Justicia. Esta cuestión es determinante ya que permite entender por qué y cómo puede el Tribunal de Justicia verse invitado a pronunciarse sobre determinados aspectos. Esta parte de la obra examinará tanto la jurisprudencia del TJUE sobre la independencia judicial a nivel nacional, como la jurisprudencia relativa a la independencia judicial en el seno del propio TJUE. En segundo lugar, la obra se centra en decantar el estándar material que emana de la jurisprudencia, y en la cuestión de su intensidad y del margen de apreciación que se reconoce a los Estados miembros. La obra finaliza, a modo de conclusión, con un capítulo destinado a abrir el debate futuro sobre la potencial aplicación de esta jurisprudencia a otros “valores” incluidos en el Artículo 2 del Tratado de la Unión.
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La obra realiza un estudio de la relación entre el legado de cosa específica y determinada y la protección de los derechos de los legitimarios en un intento de lograr una solución que proteja los intereses del legatario (ergo del testador) y a la vez los derechos de los legitimarios. Así, en la presente obra se realiza un análisis crítico del momento de entrega de los bienes legados al legatario cuando concurre al menos un legitimario, se estudian las operaciones preceptivas de cálculo de la legítima, incidiendo en las reglas de valoración de los legados de cosa específica y determinada y en las reglas de imputación y, se profundiza en la importancia de la acción de reducción de legados inoficiosos como mecanismo legal de protección de los legitimarios frente a legados excesivos o inoficiosos.
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El libro recoge una selección de las principales aportaciones de las ponencias e intervenciones realizadas en el Congreso sobre GOBERNANZA ECONÓMICA, REGULACIÓN Y ADMINISTRACION DE JUSTICIA organizado por la CNMC, el CGPJ y la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, celebrado en junio de 2022 en el que se analizaron las orientaciones de presente y de futuro que ha de tener en cuenta la gobernanza y la regulación económica.
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El olvido forma parte de la personalidad humana. Sin embargo, de forma frecuente, aquellos responsables que tratan los datos personales de los ciudadanos, con el apoyo esencial de las emergentes tecnologías disruptivas, tienden a que la información permanezca accesible de forma indefinida para lograr sus objetivos. Como contrapeso, el ordenamiento jurídico comunitario, en el contexto del derecho a la privacidad, ha venido a configurar un derecho al olvido digital, e incluso, jurisprudencialmente se pretende construir un derecho constitucional de nueva generación más amplio denominado, derecho al entorno digital. De cualquier modo, el derecho a la protección de datos se configura como un derecho fundamental en permanente construcción en una sociedad como la nuestra en la que están surgiendo nuevos desarrollos tecnológicos y en los que los datos se conforman, en definitiva, como el genuino combustible de la economía digital. El derecho al olvido digital se reconoce específicamente en el Reglamento General de Protección de Datos y nace como consecuencia de un trascendente desarrollo jurisprudencial en la UE. Este derecho, que tiene origen norteamericano, al menos en su concepción, actualmente presenta numerosas lagunas en su ejercicio práctico y, como veremos a lo largo de este extenso trabajo, no en pocas ocasiones, se presenta como un derecho mermado y completamente ineficaz para los fines perseguidos por los afectados en el ejercicio legítimo de sus derechos. El presente trabajo pretende, en síntesis, analizar la configuración y forma de protección del derecho al olvido digital en el continente europeo, y plantear posibles acciones encaminadas a un reconocimiento efectivo del mismo y a minimizar el impacto negativo que presenta la tendencia a la perpetuidad de nuestros datos personales en Internet.
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La obra analiza la obligación de interpretar el Derecho nacional, incluida la Constitución, de conformidad (interpretación conforme) con el Derecho de la Unión Europea. Una exigencia inherente al Derecho de la Unión, impuesta por el mismo, que alcanza de forma particular al órgano jurisdiccional nacional encargado de aplicarlo, y que consiste en la obligación de interpretar el Derecho nacional a la luz y los objetivos del Derecho de la UE. Una exigencia que obliga a descartar o desplazar, de entre los significados posibles de la disposición nacional interpretada, obtenidos de la aplicación de los cánones interpretativos, aquel o aquellos que no se acomoden a las disposiciones de la Unión. El estudio está dividido en dos partes. La primera se centra en la descripción general y actualizada del mecanismo de interpretación conforme al Derecho de la UE, apuntando también a su incorporación y funcionamiento en el ordenamiento español. Y la segunda aborda, de forma más específica, el análisis de la obligación de interpretar la propia Constitución nacional de conformidad con el Derecho de la Unión Europea, particularmente cuando quien realiza la exégesis conforme es el Tribunal Constitucional. La exigencia de interpretación constitucional conforme, incluida la exégesis de las disposiciones constitucionales relativas a Derechos Fundamentales de conformidad con el Derecho de la Unión y, particularmente, con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, afecta al órgano jurisdiccional nacional encargado de aplicar el Derecho de la Unión. Pero alcanza, asimismo, al Tribunal Constitucional (o equivalente) del Estado miembro cuando da relevancia constitucional al Derecho de la Unión en los procesos constitucionales de los que conoce.
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La nueva Estrategia Europea de Datos pretende dar respuesta a la evolución de la economía de los datos mediante una nueva aproximación fundada en principios que suponen una decisiva transformación de la regulación de los datos. En ella, las instituciones europeas proponen una alternativa a las grandes concentraciones de datos en un reducido número de actores, una propuesta que pasa, no sólo por promover grandes movimientos de datos, sino también por procurar su adecuada distribución entre los diferentes actores para conseguir una mayor modernización y mejora de los servicios públicos, una mayor innovación y competitividad de las empresas europeas y un mayor empoderamiento de los ciudadanos. Este proceso, sin duda trascendental, junto con todas sus poderosas implicaciones, es analizado en la presente obra.
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El Anuario de Derecho de la Competencia, iniciativa del profesor D. Miguel Ángel Recuerda Girela, tiene por objeto promover la difusión de ideas, contribuir a la especialización y actualización de los profesionales, y ofrecer un foro para la discusión sobre los problemas actuales y la evolución del Derecho de la Competencia. El Anuario de Derecho de la Competencia 2023 contiene veintiún estudios rigurosos sobre cuestiones prácticas de gran actualidad, que han sido elaborados por especialistas de reconocido prestigio, y además incluye una selección de jurisprudencia, y la bibliografía más relevante de 2022. Por ello, el Anuario es una fuente de consulta imprescindible para quienes se dedican a la práctica del Derecho de la Competencia, pues trata con una notable profundidad y calidad técnica los grandes problemas y las cuestiones más candentes de esta disciplina.
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Esta obra conforma un estudio completo del art. 110 LJCA, abarcando el concepto de extensión de efectos de sentencias firmes en el ámbito contencioso-administrativo, su contenido y los límites a su utilización. La obra se presenta en seis capítulos que analizan los puntos más relevantes de la figura respetando, en la medida de lo posible, el orden establecido en dicho artículo. Así, el primer capítulo se dedica a la institucionalización de la extensión de efectos, su naturaleza jurídica y su distinción con otras figuras parecidas ya existentes en nuestro ordenamiento. A continuación, el capítulo segundo pone el foco en los “elementos delimitadores”, diferenciándose de los presupuestos procesales que constituyen el tercer capítulo. En cuarto lugar, se atiende a los aspectos puramente procedimentales, subrayando las diferencias entre la extensión de efectos y otros procesos. El capítulo quinto profundiza, principalmente, en el apartado quinto del artículo 110, para poner sobre la mesa la dificultad que añaden las causas desestimatorias a la consecución positiva de las solicitudes de extensión, incorporando las nuevas tendencias jurisprudenciales en lo referente a los apartados quinto y sexto del artículo. Por último, el capítulo sexto está dedicado a la finalización de la extensión de efectos y a los efectos de la misma. El trabajo se cierra con un apartado dedicado a la bibliografía y con un anexo jurisprudencial que recoge las más de doscientas resoluciones citadas a lo largo de toda la obra.
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La industria audiovisual, singularmente la producción de películas y series de televisión, ha ido incrementando su peso porcentual en el PIB español, a la par de que los poderes públicos expresasen su intención de convertir a España en un Hub audiovisual internacional. En el sistema español de fomento a la producción cinematográfica, que comparte las notas del modelo europeo de apoyo al cine, destaca la gran importancia que tienen las ayudas a la producción y distribución de películas, cuyo contrapunto es el sistema de incentivos fiscales contemplado en la Ley del Impuesto de Sociedades. La presente obra de César García Novoa, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Santiago de Compostela, afronta la fiscalidad de la producción del cine y de las series, centrándose en los incentivos a las producciones españolas, a la ejecución de producciones extranjeras en España y a los financiadores. Se valoran cuestiones como el recurso a las Agrupaciones de Interés Económico y el traspaso de deducciones a inversores particulares. Pero no sólo se trata de los beneficios fiscales vinculados al cine, sino de otros aspectos de la fiscalidad de la producción de películas y series, como los gastos deducibles de los productores, las amortizaciones de las obras audiovisuales, la tributación de las subvenciones al cine en el IVA o la calificación de la cesión transfronteriza de derechos sobre películas como cánones, en el contexto de los convenios de doble imposición. Además, se hacen algunas aportaciones de mejora del sistema, basadas, en buena medida, en las opiniones que viene expresando el sector desde hace tiempo.
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Podría parecer que los reyes no vuelven, pero ocurre, pasó en Francia, paso en Grecia y paso en España, por eso la clarificación es necesaria, pues nunca se sabe que puede pasar. Saber quien es el depositario de los derechos dinásticos a la Corona de Portugal o de Francia, es una cuestión necesaria, pues el Rey, reine o no reine, siempre es el Rey, nadie daba un duro por el Rey de Francia en 1793, guillotinado, y en 1814 había Rey, un rato, en la unidad de tiempo de las monarquías, los siglos, no pudieron con el Rey puesto que el Rey es inmortal, de ello el saludo que resume todo lo dicho: El Rey ha muerto, ¡Viva el Rey.
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La presente obra se ocupa del análisis de las distintas medidas que el ordenamiento tributario establece no solo para luchar contra el incumplimiento de las obligaciones fiscales, sino también para favorecer el correcto cumplimiento de las mismas, en un contexto en el que la globalización de la economía, los nuevos modelos de negocios y la aparición de avances tecnológicos disruptivos suponen nuevos e importantes retos. Entre estas medidas, la obra dedica una especial atención a las previsiones normativas que recoge la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Los diversos trabajos que la obra contiene han sido elaborados por reputados especialistas en la materia, procedentes del mundo académico y profesional, realizados como merecido homenaje al Profesor Alejandro Menéndez Moreno.
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El avance de los postulados teóricos de la Escuela de Chicago, identificada con los principios neoliberales, se ha traducido en una precarización progresiva de las condiciones de la clase trabajadora mundial. La crisis financiera de 2008, junto a la crisis global provocada por la pandemia de la COVID-19 en 2020-2021, ha acentuado la tendencia. De ahí se deriva la necesidad de reflexionar sobre la aparición y la evolución del trabajo como figura y sistema de relación entre los seres humanos, identificando los principales conceptos asociados a él, las teorías interpretativas de su desenvolvimiento a lo largo de la Historia, y los actores y escenarios que han protagonizado el marco de dicha relación hasta la actualidad. El objetivo es doble: por una parte, proporcionar un breve recorrido por la historia del trabajo, desde la óptica de su impacto social, por otra parte, aportar una lectura crítica que ayude a entender la medida en que las condiciones actuales de las relaciones laborales representan un estadio en dicho proceso evolutivo, que puede bien consolidarse, o bien revertirse, en función de cuál sea el juego de fuerzas políticas, sociales y económicas que intervienen en él en cada momento.
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Este Manual de Derecho Constitucional va dirigido a los estudiantes de Derecho de Facultades y Escuelas Universitarias en las que se imparten asignaturas de Derecho Constitucional y de introducción a nuestro sistema constitucional y a nuestro ordenamiento jurídico. Sus autores son profesores de las Universidades de Granada, Málaga y Las Palmas, con un alto grado de especialización en los temas de cuya redacción se han encargado. En este primer volumen se analizan el sistema de fuentes del Derecho, el Tribunal Constitucional, el Estado autonómico y la Unión Europea.
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Cualquier persona que realiza su actividad en el campo de la dirección y gestión deportiva, sea de carácter voluntario o profesional, tanto en el sector público como privado, además de la cualificación que se requiere en materia de comunicación, dirección de personas, gestión económica y financiera, dirección de proyectos, etc. y el manejo de otras habilidades como la gestión del tiempo, la toma de decisiones, la gestión del conocimiento, etc., está condicionado y subordinado a la diversidad normativa estatal y autonómica, y la normativa comunitaria que resulta de aplicación. El título “Aproximación al régimen jurídico de la dirección y gestión deportiva” se debe a que no se contempla la legislación deportiva de todas las CC. AA., únicamente la normativa de Galicia como referencia, al igual que no se relaciona toda la normativa sectorial estatal y autonómica que resulta de aplicación al deporte. Pero, esta publicación abre un camino de una diversidad de futuros trabajos de investigación para delimitar el régimen jurídico de aplicación en la dirección y gestión de cada una de las modalidades deportivas, de los tipos específicos de instalaciones, así como de las diferentes formas organizativas que conforman el llamado “ecosistema del deporte”.
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Los algoritmos seleccionan candidatos, organizan los horarios, dan instrucciones, vigilan y controlan el trabajo, evalúan el desempeño y recompensan o despiden trabajadores. En esta obra se analizan y ejemplifican estos usos y sus consecuencias. En este sentido, se defiende que la dirección algorítmica está alterando el equilibrio interno del contrato de trabajo. El uso de tecnologías para vigilar y controlar a los trabajadores cada vez se aleja más del espíritu original de garantizar que los trabajadores cumplen sus obligaciones, para pasar a manejarse de forma mucho más agresiva. La regulación actual pensada para un uso defensivo de la tecnología se muestra claramente insuficiente para proteger a las personas trabajadoras del actual uso ofensivo de los algoritmos. Así, se expone cómo el uso extractivo de ciertas tecnologías está debilitando el poder de negociación de los trabajadores y reduciendo la posibilidad efectiva de ejercicio de sus derechos, que se concreta en, 1) un aumento de la discriminación, 2) un incremento en la intensidad del trabajo que pone en riesgo su salud física y psicológica, 3) reducción de sus salarios. Adicionalmente, desde la perspectiva social se estudia cómo algunas de estas tecnologías no aportan productividad real a la economía, lo que puede acabar perjudicando la innovación tecnológica productiva. En este contexto se analiza la regulación actual en materia de protección de datos y algunas propuestas regulatorias europeas en materia de algoritmos. Se concluye que el carácter individual de estas y la falta de medidas de control de su cumplimiento las hacen manifiestamente insuficientes para superar los retos que estas tecnologías suponen. Este trabajo es una llamada a la regulación de los algoritmos extractivos con objeto de mejorar las condiciones de trabajo e incentivar la innovación productiva.
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El recurso de apelación contencioso-administrativo atiende a un modelo de segunda instancia limitada porque cabe únicamente contra las resoluciones que se indican en la Ley, dictadas en asuntos que superen la cuantía de 30.000 euros, con algunas destacadas excepciones. Y porque no supone, strictu sensu, un nuevo análisis del asunto, sino una revisión de la adecuación a derecho de la resolución impugnada. El criterio de la cuantía es una limitación que admite excepciones adicionales a las contempladas ex lege en virtud de la importancia del asunto y las circunstancias concretas acontecidas desde la perspectiva de la situación personal de las partes, como exige el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y se ha razonado en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia. La Ley exige que el escrito de interposición sea razonado y la jurisprudencia ha establecido que la parte apelante deberá centrar su recurso en infracciones de hecho, de derecho y procesales, sin las limitaciones que se establecen en casación. El tribunal superior, además, deberá ceñir su decisión a los contornos de las pretensiones de las partes y, con la finalidad de dictar una resolución justa, resolver en base a las normas que sean aplicables, aunque no hayan sido indicadas convenientemente por las partes, formular, si procede, argumentaciones no ofrecidas por las mismas, al hilo de las alegaciones presentadas, plantear motivos que sean decisivos para la solución del caso y tener en consideración el debate acontecido en la instancia en todos sus extremos, incluidos aquellos aspectos que sean fundamentales para la solución del caso, aunque no hayan sido alegados por las partes. La regulación del recurso de apelación contenida en la LJCA y, supletoriamente, en la LEC, ofrece un destacado ámbito de discreción al órgano judicial en la admisión y resolución de los asuntos. El buen funcionamiento de este instrumento de impugnación al servicio del derecho a una tutela judicial, que debe ser efectiva dependerá de la interpretación, más amplia o más restrictiva, que los órganos judiciales realicen de las normas aplicables.
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La entrada en vigor del RGPD supuso un auténtico cambio de paradigma en la tutela jurídica de los derechos de la privacidad, trayendo consigo un tiempo de tribulaciones en el seno del Sector público propiciado en gran medida por la ruptura de los cómodos esquemas de cumplimiento normativo a los que plácidamente se habían habituado las Administraciones públicas. Transcurridos más de cuatro años desde que dicho hito legal adquiriera plena eficacia jurídica, y pese al incremento exponencial de los procesos de digitalización y datificación del poder público, se constata que la incorporación del enfoque de proactividad y la efectiva aplicación e implantación de la teoría anglosajona del «accountability», entre otras muchas cuestiones, siguen siendo una quimera en buena parte del conjunto de las Administraciones públicas españolas, con lo que ello representa para la salvaguarda de un derecho fundamental, la protección de datos personales, que se erige como instituto indispensable para garantizar la dignidad de la persona ante los envites del avance digital. Conscientes de esta realidad, la presente obra pretende rebasar los contornos propios del tradicional análisis del régimen jurídico aplicable a la transformación digital de la acción administrativa, examinando para ello las principales deficiencias que presenta el cumplimiento normativo en materia de protección de datos personales en el Sector público en lo que constituye una suerte de régimen de (ir)responsabilidad de las Administraciones públicas en materia de privacidad. El estudio se completa mediante la incorporación de una serie de valiosas reflexiones acerca de los riesgos que comporta la transformación digital del Sector público desde el prisma de la ciberseguridad y su estrecha relación con la privacidad.
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Se aborda un tema de suma trascendencia y actualidad como es la atribución de derechos fundamentales a las personas jurídicas de naturaleza privada (asociaciones en general, partidos políticos, sindicatos, sociedades anónimas, sociedades limitadas, sociedades cotizadas). El problema jurídico subyacente es de gran importancia en España y en toda la UE. Para comprobarlo, basta con leer las recientes sentencias del TS o del Tribunal de Luxemburgo sobre los durísimos requisitos existentes para que la Inspección administrativa pueda entrar en los “domicilios” de las sociedades anónimas y para su autorización judicial, o los últimos pronunciamientos del TEDH y del TC sobre el derecho al “honor” de las empresas o de los partidos políticos. El estudio parte de la regulación constitucional sobre la titularidad y, a partir de ahí, analiza la jurisprudencia del TC y su interpretación más que generosa hacia las personas jurídicas, no exenta de polémica. Se estudia la atribución de los diferentes derechos (sociales, políticos, de la personalidad, religiosos, procesales, educativos, etc.) y se aborda, también, el delicado asunto de si esa titularidad es reconocible a todas las personas jurídicas o habría que distinguir entre las entidades que tienen un trasfondo personalista y las sociedades despersonalizadas, como las sociedades anónimas. Y todo ello se analiza desde una concepción plural de los derechos fundamentales, ideados no sólo como facultades subjetivas, sino, también, como valores objetivos que conllevan ciertos deberes de protección del Estado y la existencia de ciertas garantías institucionales. Desde este triple enfoque, se demuestra cómo esa visión plural ha propiciado una ampliación de los derechos fundamentales reconocidos a las personas jurídicas a través del legislador y de la interpretación de nuestro TC, que ha seguido a pies juntillas la doctrina del Tribunal Constitucional Federal alemán en este tema.
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Análisis de la aplicación del IVA a los Entes Locales y estudio de las cuestiones que se suscitan de cara a la tributación en el citado Impuesto de aquellas operaciones en las que intervienen los Ayuntamientos y los Entes públicos.
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Los juristas nos enfrentamos al reto de analizar los riesgos que para la privacidad de las personas tiene el uso de la Inteligencia artificial y el Big Data. El derecho fundamental a la protección de datos personales tiene una imbricación transversal en todos los órdenes jurisdiccionales: civil, penal, contencioso administrativo, social y militar. La sociedad demanda respuestas sobre un derecho que rompe con cánones establecidos hasta ahora. La territorialidad o el orden de prelación de fuentes, quedan indefectiblemente modificados. La responsabilidad proactiva es una novedad en la vigente regulación. El término accountability hace referencia a la responsabilidad en la implantación de los mecanismos adecuados para el cumplimiento del régimen jurídico del derecho a la protección de datos y a la utilización de métodos de validación que aseguren la fiabilidad del sistema establecido en la defensa de este derecho. Se trata de un sistema basado en la evaluación de los riesgos y en la demostración de la efectividad del mecanismo utilizado en la protección del derecho, cuando así lo soliciten las diferentes autoridades de control.
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La obra supone una apuesta para promover el liderazgo femenino y la consecución de la paridad en las organizaciones públicas y privadas, no sólo desde una óptica representativa, sino apostando por una gestión paritaria en sus ámbitos de decisión, a partir de las tesis de la democracia paritaria. Ofrece un análisis interdisciplinar abierto a ofrecer debates transversales en pro de la destrucción de viejos patrones y estereotipos que se enfrentan a nuevas acciones legislativas que, a su vez, deben ser reenfocadas para propiciar el fin de las desigualdades en el mercado de trabajo y en los escenarios políticos, con el fin de materializar de una vez por todas la promoción de las mujeres en sus respectivas carreras profesionales. Lo que puede satisfacer los intereses de expertos constitucionalistas y laboralistas que incorporan la perspectiva de género a sus investigaciones.En suma, las reflexiones contenidas en la obra podrán generar nuevas propuestas para construir en la práctica organizaciones públicas y privadas paritarias desde el punto de vista de la participación más allá de garantizar, desde un plano esencialmente formal, la representación equilibrada.
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Esta obra reúne las contribuciones al XI Simposio Empresarial Internacional de la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental (Funseam), celebrado en el mes de febrero de 2023. Una nueva edición del Simposio en el que Funseam, fiel a su compromiso con la definición de un nuevo modelo energético, ha vuelto a contar con destacados expertos del mundo empresarial, institucional y académico, para abordar en esta ocasión el papel de las finanzas sostenibles y su contribución para la consecución con garantías de los ambiciosos objetivos climáticos planteados.
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Nuestro planeta sufre una crisis climática sin precedentes. Desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos y del medio ambiente, la exigencia de responsabilidades a los Estados derivadas del incumplimiento de sus obligaciones climáticas se ha ido progresivamente materializando a través de la denominada litigación climática estratégica basada en los derechos humanos, que ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años. En este sentido, los niños y jóvenes representan más de un cuarto de los demandantes de este tipo de casos presentados hasta 2023 en todo el mundo. Es por ello por lo que esta monografía pretende contribuir al desarrollo de la literatura en la materia ofreciendo una revisión sistemática y actualizada de los casos climáticos basados en derechos humanos y liderados por niños y jóvenes, tanto ante jurisdicciones nacionales como ante instancias judiciales y cuasi judiciales internacionales y tribunales regionales de derechos humanos.
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La obra incorpora la redacción completa del Estatuto del Trabajo Autónomo (Ley 20/2007, de 11 de julio), al tiempo que lo integra por medio de la trascripción literal de variadas y múltiples remisiones que se contienen en la Ley a otras disposiciones legales y reglamentarias. Junto a ello los textos viene complementados en las notas a pie de página con una referencia exhaustiva a la práctica totalidad de las disposiciones que en algún punto desarrollan o tienen conexión con el Estatuto del Trabajo Autónomo. Se completa con la reproducción íntegra de cuatro disposiciones de desarrollo del presente Estatuto: el Real Decreto 197/2009, de 23 febrero, por el que se desarrolla el Estatuto del Trabajo Autónomo en materia de contrato del trabajador autónomo económicamente dependiente y su registro y se crea el Registro Estatal de asociaciones profesionales de trabajadores autónomos, el Real Decreto 1.613/2010, de 7 de diciembre, por el que se crea y regula el Consejo de la representatividad de las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos en el ámbito estatal y se establece la composición y régimen de funcionamiento y organización del Consejo del Trabajo Autónomo, el Decreto 2.530/1970, de 20 agosto, por el que se Regula el Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, finalmente, la muy original e innovadora Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos.
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La presente obra constituye un estudio de las migraciones que se producen como consecuencia de los efectos derivados del cambio climático desde una perspectiva regional, prestando una especial atención al rol que puede desempeñar la cooperación internacional. En este sentido, se considera el estatus jurídico de las personas migrantes como consecuencia de causas climáticas. Para ello, se diferencian las migraciones, los desplazamientos internos y las relocalizaciones planificadas, así como la posible categoría de “refugiados ambientales”, y, además, se ponen de manifiesto los tratados internacionales y las distintas propuestas existentes sobre esta problemática. Asimismo, se analizan dos decisiones de gran relevancia dictadas por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas respecto a las migraciones producidas en el contexto del cambio climático, a saber: el caso Teitiota c. Kiribati y el caso de los isleños del Estrecho de Torres c. Australia. Por otra parte, se estudian las medidas de protección adoptadas en el marco de la cooperación internacional como reacción a las migraciones ocasionadas por el cambio climático, poniendo de relieve, de un lado, el rol en este ámbito del multilateralismo y de la Unión Europea y, del otro, la vinculación de estas migraciones con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Finalmente, la obra aborda la situación de las migraciones climáticas desde una perspectiva regional centrada, en particular, en el Sudeste Asiático y en El Caribe, como dos regiones con características particulares de mayor vulnerabilidad.
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Relaciones laborales colectivas
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Comentarios al nuevo modelo de Registro Civil (Papel + e-book)
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En esta obra, tratamos de exponer la importancia del uso de las nuevas tecnologías en la docencia del Derecho romano en la Universidad del siglo XXI, a partir de la Educación Superior Europea supuso asumir en su día la existencia de unos objetivos de aprendizaje comunes en los distintos niveles educativos que implicó la redefinición de los planes de estudio y del diseño de actividades de aprendizaje.Si bien el libro trata de abordar las metodologías más sobresalientes, no sólo nos centramos en los aspectos teóricos, sino también en algunas de las experiencias que pretendemos ilustrar en el uso de las herramientas TIC.
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En el presente volumen se recogen los textos legales que en materia de vivienda constituyen un sector de indudable interés en nuestro ordenamiento jurídico. Bajo el epígrafe «Normas básicas» se contienen: la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, el texto refundido de la LAU de 1964 y el denominado Decreto Boyer, normas éstas en relación con la materia arrendaticia. Constituye otro bloque normativo la Ley de Propiedad Horizontal, y las disposiciones reguladoras de las viviendas de protección oficial, así como el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. Normas esenciales complementadas por otras que, a modo de acompañamiento, amplían la esfera y contenido de aquéllas, a destacar el nuevo texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo7/2015, de 30 de octubre. En esta edición se actualiza, entre otros, el Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, que ha sido fruto de diversas modificaciones. La obra se completa con un índice de materias para facilitar su consulta.
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Ley de Enjuiciamiento Criminal Estatuto de la víctima del delito Ley del Jurado 34ª Edición anotada y concordada Texto a dos colores resaltando las últimas modificaciones.
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El poder de castigar es un poder trágico, pues protege amenazando y contiene la violencia mediante el uso de la fuerza. Halla su legitimación en la tutela de la vida, de la integridad y de la libertad de las personas, que en ausencia de prohibiciones legales y de una potestad sancionadora quedarían a merced de la ley del más fuerte. Pero inquiriendo, imputando, constriñendo y condenando quebranta esa misma inmunidad que guarda. Poder necesario y terrible, su ejercicio siempre puede degenerar en formas opresivas. Invocamos el poder de castigar para defender nuestra seguridad, pero ¿cómo defendernos de él? Montesquieu, padre de la moderna separación de poderes como garantía del principio de legalidad, se revela en esta relectura de su obra fundamental, Del espíritu de las leyes, como penalista que enseña cómo la libertad ciudadana depende de la bondad de las leyes penales: de la configuración de la esfera de los delitos, de la composición del arsenal de las penas, de la organización jurisdiccional y de las reglas del proceso. La lección política de Montesquieu inspiró a Cesare Beccaria, fecundó el debate ilustrado y contribuyó a la laicización, humanización y racionalización del sistema penal. En él cabe reconocer a un pionero del paradigma del estado de derecho y de la democracia constitucional como sistema de límites a los poderes salvajes.
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La seguridad y la libertad de los ciudadanos no solo están amenazadas por los delitos, sino también, y a veces en mayor medida, por penas excesivas, por arrestos y procesos sumarios, por controles arbitrarios e invasivos de la policía: esto es, por el conjunto de intervenciones que recibe la noble denominación de «justicia penal», pero que, en la historia de la humanidad, ha costado más dolor e injusticia que los delitos cometidos. Desde la conciencia del carácter terrible del poder de castigar, la teoría del garantismo modela el derecho penal como sistema de garantías de los derechos individuales, idóneo para minimizar, junto con la violencia de los crímenes, la violencia institucional de los aparatos represivos. Esta obra constituye una vía de acceso asequible para el conocimiento del paradigma garantista elaborado por Luigi Ferrajoli. Recupera y ordena textos menos accesibles y páginas extraídas de algunas de sus principales monografías, proporcionando al lector los puntos de referencia indispensables para orientarse en el amplio y complejo corpus de los escritos penales ferrajolianos. Incorpora además una bibliografía exhaustiva de los mismos, tanto en forma de libro o artículos como de voces de diccionario, ponencias, prólogos o entrevistas, en italiano y en castellano.
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Esta nueva edición de la obra Casos y textos de Derecho internacional público quiere contribuir a la aplicación de las directrices metodológicas derivadas de la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, que pretenden centrar la actividad docente no sólo en la transmisión de conocimientos sino también en el fomento de las capacidades y destrezas de los alumnos. La obra incluye una selección de casos y textos de diferente naturaleza: extractos de sentencias y laudos arbitrales internacionales, opiniones consultivas, tratados internacionales, resoluciones de organizaciones internacionales, trabajos de codificación del Derecho internacional público, textos legislativos, sentencias internas, opiniones doctrinales, etc. Cada uno de los temas en los que se estructura esta obra contiene, en primer lugar, una selección de textos de carácter jurisprudencial, convencional, legislativo, etc. A continuación, se incluye un listado de cuestiones que pueden servir para que los alumnos realicen trabajos o sirvan para orientar la discusión en debates en grupo. Y, por último, cada tema tiene una bibliografía sumaria integrada por las aportaciones más relevantes de la doctrina. Con el fin de lograr estos objetivos, la presente edición incorpora más notas introductorias que de un modo resumido ayuden a profesores y alumnos a entender mejor los antecedentes, el contexto y las circunstancias que motivaron cada texto y su relación con otros textos o hechos. Además, como resultado de la experiencia acumulada, se ha completado la Guía orientativa para la realización de ejercicios de Derecho internacional público. Y, por último, se han incorporado nuevos casos y textos aparecidos desde la publicación de la edición anterior.
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La Introducción al Derecho Procesal se articula en este libro en 16 capítulos agrupados en 5 Partes. La Parte I plantea los diferentes métodos de resolución de conflictos, y a continuación desarrolla el estudio de tres conceptos que llamamos básicos porque de su comprensión deriva la del resto de las instituciones y nociones de esta rama del ordenamiento: acción, jurisdicción y proceso. Pero el derecho procesal se actúa ante los tribunales. Por tanto presupuesto del conocimiento del derecho procesal es el de todos los juzgados, tribunales y audiencias ante los que ha de actuarse, en los que se imparte Justicia por los jueces y magistrados legalmente predeterminados, con la colaboración y el auxilio de diversas personas, cada una de las cuales ejerce la función que le encomienda la ley. Se trata del ''Personal de la Jurisdicción'', contemplado junto con la organización jurisdiccional en la Parte II. Sólo puede afirmarse que ''se hace Justicia'' cuando ésta es impartida con pleno respeto de una serie de garantías esenciales, consagradas en nuestra Constitución como derechos fundamentales y como principios rectores del Derecho procesal, que son por ello objeto de atención en la Parte III. En la Parte IV se analizan todos los aspectos relativos a los actos procesales, que son aquellos que tienen una incidencia directa en el proceso. Por último es preciso el conocimiento de las personas que pueden intervenir en un proceso concreto (por tener las capacidades requeridas y estar legitimadas) así como la identificación del objeto que diferencia ese proceso de cualquier otro y lo individualiza, cuestiones desarrolladas en la Parte V, donde además se especifican los criterios de atribución de competencia judicial, y los elementos del objeto del proceso civil y del penal.
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¿Es posible disminuir la dureza de las penas —el Malum passionis?La experiencia de las democracias punitivistas de nuestro tiempo apunta a una respuesta negativa. Los medios presentan al delincuente como un sujeto despreciable y su grave castigo como la única forma de dar satisfacción a la víctima y a la sociedad. Las circunstancias del delito y los males sufridos por el delincuente se ignoran.Se alimenta el resentimiento, que daña a la propia víctima y a la comunidad. Entre tanto, las penas son muchas veces excesivas. Este libro del Prof. Silva Sánchez —partiendo del marco de la democracia constitucional— ofrece argumentos doctrinales para rebajar las penas o incluso prescindir de su ejecución. En un Estado social, la reafirmación del Derecho frente al delito —la misión esencial del Derecho penal— no puede cerrar la puerta a la reconciliación interpersonal. El perdón debe seguir siendo posible.
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