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Libros de derecho
¿Estás formándote como abogado, fiscal o juez? ¿Te interesa el mundo de la justicia y la legalidad? En Abacus tenemos los mejores libros de derecho con los que ampliar tus conocimientos en esta materia. Compra libros de derecho online. En esta sección encontrarás una gran selección de libros de derecho en formato de tapa blanda y en español y catalán. Manuales de estudio imprescindibles sobre distintas ramas del Derecho, su jurisprudencia y legalidad. Lecturas sobre Derecho Civil y Penal, Derecho Laboral, Administrativo o Constitucional, copias originales del Código Civil, Código Penal, Ley Orgánica del Poder Judicial, el Estatuto de los Trabajadores, así como Criminología y otras disciplinas.
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En este volumen el atento lector hallará contribuciones de más de una veintena de profesores y estudiosos de la Teoría Comunicacional del Derecho (TCD), sobre una gran variedad de cuestiones, agrupados en torno a tres etiquetas:1ª) El estudio y reexamen de los fundamentos mismos de la Teoría Comunicacional del Derecho: su conexión con la Hermenéutica filosófica, el estudio del “método hermenéutico analítico”, el estudio de la tríada de conceptos “Ordenamiento-Sistema-Ámbito Jurídico, central en la TCD, o el de la Retórica como elemento integral de la comunicación jurídica 2ª) Desarrollos aplicativos concretos de dicha teoría, con análisis sobre conceptos como los de “eficacia de las normas jurídicas”, “justicia extra-ambital”, “imputación” y “personificación”, o “situación jurídica” o bien llevando el análisis a terrenos más prácticos, examinando desde la perspectiva comunicacional problemas como el de la eutanasia o las tecnologías en la Administración de Justicia. Además, 3ª) el lector podrá leer aportaciones críticas a la TCD, repartidas por todo el volumen en diversos trabajos. Gregorio Robles Morchón es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de las Islas Baleares.
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Esta monografía es la segunda parte de una trilogía que comenzó con el libro Valores y Normas (2015 Aranzadi), y concluirá con una tercera sobre Valores y Razonamiento Jurídico (en preparación). En el presente trabajo se hace una reconstrucción histórica y una crítica de base filosófica del proceso de implantación de la tecnología de los valores en el constitucionalismo contemporáneo. Implantación que tuvo lugar por medio de la introducción del discurso valorativo en dos contextos concurrentes: el de la fundamentación de los fines del Estado y el del razonamiento aplicativo de los derechos fundamentales ambos contextos se apuntalaron con una axiología jurídica diseñada al margen de la tradición filosófica sobre los valores en el pensamiento europeo.Tal proceso ha sido conducido por una Teoría del Derecho particular que en este trabajo se denomina con la sigla ICD (Iusmoralismo Constitucional-Discursivo) una doctrina que refunde los planos axiológico y deontológico de la razón práctica, confundiendo los principios jurídicos con los valores morales. El ICD se posicionó como la teoría explicativa de la constitucionalización de los ordenamientos jurídicos de la Segunda Posguerra y ha sido el motor de su moralización, en tanto proveedor inagotable de justificaciones retóricas para las políticas públicas, y en cuanto artífice de la técnica de aplicación de los derechos y libertades en sede judicial.Esta obra advierte sobre los riesgos que entraña la tecnología de los valores, y lo hace rescatando las conclusiones de la filosofía de los valores acerca de su estructura y configuración en el razonamiento moral. Aquí se muestra cómo el triunfo de esta exitosa tecnología radica en su capacidad para determinar los modos de actuación moral de los individuos en la esfera pública, predisponiendo a dinámicas de profunda polarización social, con el consecuente debilitamiento de la convivencia democrática.
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¿Qué ocurre si alguien suplanta mi identidad en el ciberespacio? ¿Se trata de una conducta delictiva? Hasta finales de 2022, la respuesta a esta cuestión era rotundamente negativa no es delito suplantar la identidad digital. A partir de esta fecha, se ha de señalar que depende. La LO 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual -o Ley del sólo sí es sí- introdujo en su articulado el delito de acoso a través de la suplantación de identidad digital, un nuevo delito que pasó inadvertido en el debate parlamentario, en los medios de comunicación y hasta en el debate popular, ante la profunda reestructuración que se planteaba en el seno de los delitos contra la libertad sexual.El delito, no obstante, lejos de ofrecer una protección adecuada a la identidad digital, presenta significativas carencias derivadas de la propia concepción del fenómeno. La identidad digital no es el objeto de protección del delito, sino la libertad, aquella que las conductas de acoso vienen a perturbar. El suplantar la identidad digital viene a ser sólo un medio más a través del cual se impide el disfrute de esa libertad. La ubicación sistemática y la redacción típica del nuevo delito demuestran claramente esta limitada concepción.Sin resultar esta interpretación errónea, resulta a todas luces incompleta. Dado el papel trascendental que tiene la identidad digital en las sociedades actuales, y especialmente la identidad que carece de verificación oficial, los actos de suplantación tienen un alcance mayor que el recogido en el nuevo precepto. En este sentido, se hace necesario un estudio del fenómeno que no se centre en lo estrictamente jurídico. Se debe atender a su origen y relevancia actual en la sociedad para determinar, en su caso, la necesidad de intervención del Derecho penal y estar en condiciones de ofrecer, de lege ferenda, una propuesta de regulación adecuada.
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La ratificación por españa del convenio 190 y recomendación 206 de la OIT (2019) abre un nuevo camino para el tratamiento de las situaciones de violencia en el lugar de trabajo. Pudiéndose incorporar el contenido de esta norma ratificada por españa por vía legislativa o convencional. ya tenemos en españa ejemplos de buenas prácticas en la materia desarrolladas a través de la intervención legal y la negociación colectiva, si bien no son muy conocidas y difundidas. En esta obra se hace una propuesta de intervención tanto en entidades públicas como privadas.
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Los jóvenes docentes e investigadores se han de enfrentar, desde que comienzan a dar sus primeros pasos en la Universidad, a numerosas dudas e incertidumbres que afectan a múltiples aspectos de la carrera académica. Entre ellos, los aspectos económicos y, en particular, aquellos relacionados con la fiscalidad, ocupan un lugar destacado de ahí que resulte necesario analizar, desde un punto de vista crítico y reflexivo, las principales cuestiones tributarias que interesan a la generación emergente del profesorado universitario.Nos encontramos ante una obra original, al ser la primera en la que se estudia de manera monográfica esta temática, una obra que ha sido protagonizada en su autoría por los propios sujetos implicados y que está redactada con un estilo ameno y sencillo que busca hacerla accesible a todo el personal docente, con independencia de su rama de especialización, a la vez que se efectúan aportaciones relevantes para una correcta aplicación de la normativa tributaria.
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Curso de Derecho Civil de Cataluña Derechos Reales
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El objetivo de este estudio es comprender cuál es la función del Registro de la Propiedad dentro del sistema de transmisión y de adquisición de los derechos de propiedad -en rigor, de las titularidades- sobre bienes inmuebles.Para ello, el autor analiza la evolución jurídica e institucional de las transmisiones de derechos de crédito, así como de bienes muebles e inmuebles a título oneroso, para concluir que el factor determinante de dicha evolución es el tránsito desde una economía de subsistencia a una de mercado, caracterizada por un denso flujo contractual entre personas que no se conocen entre sí.La contratación impersonal se halla plena de incertidumbres, especialmente en el ámbito inmobiliario. La intervención del Estado se revela necesaria para resolver las incertidumbres esenciales porque es el único legitimado para reconocer a un sujeto como propietario.Dicha intervención se articula a través del Registro de la Propiedad, el cual implementa un sistema de transmisión registral que permite identificar al legitimado para disponer y, adicionalmente, adquirir una titularidad erga omnes protegida mediante una regla de propiedad. Ello facilita la contratación y, por lo tanto, la especialización, la productividad y, finalmente, la generación de riqueza y bienestar.
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Examen minucioso de los delitos cuya comisión se circunscribe al ámbito familiar. Se incluyen también 40 formularios procesales que resultan especialmente útiles en relación con los delitos analizados.
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Este manual ofrece una exposición sistemática, clara y sintética del Derecho Constitucional, actualizada y adaptada a las necesidades formativas del Espacio Europeo de Educación Superior. Pensado y escrito para estudiantes de grado o licenciatura de Universidad, reúne en sus páginas los contenidos esenciales de la materia. Se estructura a partir de cinco bloques de contenidos bien diferenciados: un primer bloque dedicado al Estado constitucional y a los principios básicos de la Constitución, una segunda parte en la que se analiza las instituciones del Estado y la forma de gobierno, una tercera parte en que se abordan las fuentes del Derecho, una cuarta parte que estudia la organización territorial del Estado y un último bloque referido a los derechos fundamentales y sus garantías. A través de gráficos, referencias a jurisprudencia, a otras lecturas o recursos online bien seleccionados, los autores incrementan el valor pedagógico de la obra.
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La Criminalística se ocupa de la investigación científico-técnica de los delitos. Durante la inspección ocular técnico-policial realizada en el lugar donde se ha cometido un hecho delictivo, se recogen pruebas e indicios que contribuyen al esclarecimiento de los hechos: indicios lofoscópicos (huellas digitales, palmares...) o biológicos (sangre, esperma, pelos, células epiteliales...) que posibilitan la identificación del autor, vainas y balas con lesiones impresas que permiten determinar el arma utilizada, señales en superficies que llevan hasta la herramienta o útil empleados, billetes de banco cuya falsificación puede detectarse buscando las correspondientes medidas de seguridad, textos manuscritos que permiten identificar a su autor, restos de madera, tierra, pintura, cristales...
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No todo incumplimiento de la normativa puede ser catalogado como infracción, especialmente cuando se trata de la comisión de errores sin ánimo defraudatorio.
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La presente obra centra su atención en el derecho albergado en las Ordenanzas del Consejo Real de Navarra de 1622. Este cuerpo normativo de carácter compilador, elaborado para uso interno de los Tribunales Reales navarros, recoge toda la legislación referida al particular (ordenanzas de visita, cédulas reales, provisiones reales, autos acordados, leyes de Cortes, etcétera) desde el año 1413 hasta 1621, aunque el grueso de ellas provienen del periodo posterior a 1524, como resultado del proceso de conquista e incorporación del reino de Navarra a la Corona castellana. Tras su publicación en 1622, esta fuente normativa mantuvo su vigencia hasta 1836, por lo que, en definitiva, el resultado es un estudio pormenorizado sobre el derecho que rigió la jurisdicción real del reino navarro desde 1512 hasta que este perdió su condición de reino para pasar a ser una provincia española en 1839.Concretamente, se aborda la organización y funcionamiento de los tribunales reales navarros (Consejo Real, Corte Mayor y Cámara de Comptos), prestando una especial atención a las competencias, características y limitaciones del conjunto de los oficiales reales, al proceso judicial, del que se presenta, al completo, el proceso seguido desde la interposición de la demanda hasta su ejecución y posteriores recursos, al orden de prelación de fuentes, como elemento fundamental para comprender el marco legislativo que sustentó la justicia administrada, así como los conflictos jurisdiccionales habidos entre la jurisdicción navarra “de por sí separada” y el resto de territorios de la Monarquía o la propia jurisdicción militar, entre otros muchos asuntos.
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Este trabajo colectivo, patrocinado por la Associació Catalana d’Empresa Familiar y por Crowe Legal y Tributario, nace de la experiencia profesional y académica de las Cátedras catalanas integradas en la Red de Cátedras de la Empresa Familiar vinculada al Instituto de la Empresa Familiar. Se trata de un estudio monográfico que aborda la enconada problemática que plantea el complejo fenómeno de la sucesión de la Empresa Familiar, que, sin duda, constituye un momento crítico de su ciclo vital. Su originalidad reside en un hasta ahora inédito enfoque tridimensional, que fusiona un análisis empresarial con una perspectiva jurídica multidisciplinar (civil, mercantil y fiscal), sin olvidar la gestión psicológico- emocional que un proceso sucesorio de esta envergadura entraña. Más allá del imprescindible rigor académico que la anima, la obra presenta un carácter marcadamente divulgativo de la problemática estudiada, y puede ser de gran utilidad para afrontar con éxito los retos y riesgos del tránsito generacional de la Empresa Familiar. Sólo desde una adecuada planificación sucesoria, que pondere armónicamente esa triple perspectiva, puede abordarse con éxito la pervivencia y continuidad de la Empresa Familiar, cuyo liderazgo y protagonismo en nuestra economía productiva es hoy indiscutible.
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La publicación de una nueva norma sobre ordenación de la actividad de comunicación audiovisual responde a un doble grupo de razones que van desde la adaptación al nuevo marco comunitario hasta la incorporación de una regulación que afecta a nuevas formas de comunicación audiovisual que se están introduciendo en nuestra sociedad y que no encontraban una regulación específica que sirviera para la regulación completa de las nuevas formas de comunicación audiovisual. El esquema de la nueva norma es, por tanto, completo y actualizado en relación con las nuevas formas de comunicación, por un lado, y con la actualización de los esquemas precedentes de actuación.
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A lo largo de las páginas del presente libro, el lector encontrará las herramientas para la adecuada constitución de una sociedad laboral profesional, así como cumplidas respuestas a los múltiples interrogantes suscitados por el propósito de constituir una sociedad en la que se combinen, en exacta compatibilidad, los cualificados aspectos laboral y profesional. El análisis desde las perspectivas teóricas o dogmáticas de cada capítulo se completa con el objetivo práctico propio del Derecho de sociedades. Así, además de testar la viabilidad de la Sociedad Laboral Profesional en cada punto, el estudio se adelanta a los posibles problemas prácticos, los identifica y resuelve gracias a una interpretación rigurosa y a la propuesta de cláusulas estatutarias y pactos parasociales ad hoc, todos ellos instrumentos decisivos en la confección del régimen jurídico de este híbrido societario.
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Este libro, resultado de una estancia de investigación en la Universidad de Oxford, sienta las bases conceptuales necesarias para el estudio de la ciberseguridad desde la perspectiva del Derecho penal. Tras un profundo análisis de las normas que la configuran tanto a nivel internacional (Convenio sobre la Ciberdelincuencia de Budapest de 23 de noviembre de 2001) como comunitario (entre otras, Directiva UE 2016/1148 relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información de la Unión, o Directiva NIS) con objeto de valorar la adecuación del Derecho penal español a las mismas, incluye un estudio de derecho comparado orientado a identificar los aspectos destacables de las normas jurídico-penales relativas a la ciberseguridad de países a la vanguardia del desarrollo científico y tecnológico como el Reino Unido, los Estados Unidos de América, Australia, Nueva Zelanda o Suiza. Su núcleo se centra, sin embargo, en un análisis de distintos delitos del Código Penal español para determinar su relación con la ciberseguridad y su posible categorización, centrándose en el delito de acceso ilícito a un sistema de información y desarrollando, en relación con el mismo, una audaz propuesta de lege ferenda orientada, en última instancia, al reconocimiento de la ciberseguridad como un bien jurídico autónomo protegido por el Derecho penal español. Concluye la obra analizando las aplicaciones prácticas de la ciberseguridad en el ámbito de las tecnologías emergentes sanitarias, llevando a cabo un estudio pionero pero de sólida base científica que abarca desde la inteligencia artificial, la robótica o los hospitales inteligentes hasta la ciberbioseguridad, la computación cuántica y el metaverso.
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Una de las claves para el desarrollo del deporte es disponer de espacios adecuados para que la ciudadanía pueda practicarlo. En España el desarrollo de esta línea estratégica de fomento del deporte ha sido liderado desde las Administraciones públicas que se han convertido en las grandes promotoras de la construcción de instalaciones deportivas, en especial desde los ayuntamientos que, según el Censo Nacional de Instalaciones Deportivas de 2005, poseen el 52,3% de ellas. Sin embargo, la mentada expansión de las instalaciones deportiva no ha ido acompañada de una adecuada preocupación para articular la mejor gestión de su mantenimiento, y el de los programas y actividades que se prestan en las mismas, lo cual es igualmente esencial para la promoción del deporte. Tanto es así, que muchos consistorios locales se han visto desbordados en la asunción de estas responsabilidades por lo que han recurrido a soluciones en el sector privado a través de fórmulas de gestión basadas en el modelo de colaboración público-privado, en especial a través de la concesión de obras públicas, actualmente suprimida por la legislación vigente en materia de contratos del sector público, en las cuales las instalaciones deportivas eran construidas y posteriormente gestionadas por entidades concesionarias. Ahora bien, la aplicación de las fórmulas de gestión del modelo de colaboración público-privado en la gestión de instalaciones siguió prácticamente el mismo patrón en todos los municipios, sin tener en consideración el tamaño u otros factores diferenciales de los mismos. A la falta de una reflexión particular sobre la idoneidad del modelo en cada uno de los municipios e instalaciones, se han sumado otras circunstancias como la grave crisis económica de 2008, que ocasionó diversos cambios en el sistema de gestión de los centros deportivos tanto privados como públicos, la crisis derivada de la COVID-19 o incluso la crisis del sector energético que estamos sufriendo en la actualidad. Estos escenarios han avivado el clásico debate entre lo público y lo privado en la prestación de servicios públicos, siempre presente tanto en el ámbito político como en el social, y del cual tampoco escapa la gestión del deporte y de las instalaciones deportivas. El presente estudio analiza, en primer lugar, la evolución de las instalaciones deportivas en España. Junto a lo anterior, se estudian los distintos modos de gestión por parte de los ayuntamientos, en particular, mediante la implementación de los basados en la colaboración público-privada. Y, en segundo lugar, evaluar la idoneidad del referido modelo en las instalaciones deportivas de los municipios con una población inferior a 20.000 habitantes que, por sus propias características, pueden encontrar cierta complejidad en su implantación y seguimiento. El estudio se divide en seis capítulos, agrupados a lo largo de dos partes. La primera parte se dedica al análisis de las competencias de los municipios en materia de deportes, en especial, en materia de construcción y gestión de instalaciones deportivas. En la segunda parte se analiza la evolución del modelo de colaboración público-privado y su implantación en la gestión deportiva municipal.
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El tratamiento que actualmente recibe la cláusula resolutoria expresa en una compraventa inmobiliaria limita sustancialmente la operatividad de la autonomía de la voluntad de los contratantes. Exigir la concurrencia de un incumplimiento esencial de conformidad con el modelo resolutorio general será controvertido cuando vendedor y comprador acordaron un determinado incumplimiento como resolutorio en el marco de una cláusula negociada. Así mismo, resultará discutible considerar que en este caso las partes del contrato no pueden acordar una resolución automática y de efectos inmediatos a raíz del impago, al interpretar que el art. 1504 CC atribuye imperativamente al comprador una posibilidad de pago del precio tras el vencimiento de la obligación y antes del requerimiento del vendedor. Ni siquiera son claras las características y contenido que debe tener la notificación resolutoria. Esta monografía pone el foco en los controles de legalidad y abusividad de la cláusula, como paradigmas para superar el anquilosamiento resultante de una doctrina jurisprudencial que atribuye un carácter complementario a los arts. 1504 y 1124 CC. El tradicional planteamiento se encuentra agotado en muchos sentidos y entonces deviene indispensable que la cláusula estudiada sea objeto de una nueva aproximación que comprenda todos los aspectos de la figura estudiada. En ese sentido, la cláusula resolutoria expresa también presenta un régimen jurídico demasiado encorsetado en lo que respecta a la eficacia que tiene frente a terceros, un ámbito carente de reglas precisas y sin una jurisprudencia suficientemente desarrollada. Frente a unas exigencias registrales excesivas y que no logran dar una respuesta coherente y satisfactoria, limitadoras en buena medida de la efectividad de la cláusula contractual, será fundamental analizar el modo en que el vendedor readquiere el inmueble, distinguir entre las distintas operaciones a practicar en el Registro de la propiedad, dar al mecanismo consignatorio el significado que le corresponde y, en definitiva, ofrecer al lector la ayuda necesaria para navegar por las contradicciones del ordenamiento jurídico español que a menudo afloran en esta materia.
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En el sistema español, cuando la transmisión jurídico-real trae causa de un contrato, seguimos la teoría del título y el modo, es decir, que, en nuestro derecho, hasta que no tiene lugar la entrega de la cosa objeto del contrato, no se entiende producida la transmisión. No resulta necesario, en cambio, la inscripción del negocio en el Registro de la Propiedad (inscripción declarativa y no constitutiva). Pero, ¿qué ocurre cuando quien transmite el derecho no es el verdadero titular? Pues que, en estos casos, para tratar de sanar esa falta de titularidad del tradente, entra en juego la usucapión, que es uno de los modos originarios contemplados en la legislación civil española de adquirir la propiedad y otros derechos reales, que se basa en la posesión. Y como la usucapión puede operar al margen del Registro (de inscripción declarativa, como ya hemos dicho), es muy probable que se produzcan desajustes entre lo reflejado por este y la realidad extrarregistral. En el presente trabajo analizamos precisamente la respuesta que la legislación hipotecaria española, a través de los actuales arts. 35 y 36 LH, ha tratado de ofrecer a las distintas cuestiones que se suscitan cuando realidad registral y extrarregistral (o posesoria) entran en conflicto.
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Este libro hace una exposición del derecho constitucional español. Sus destinatarios naturales serían así los estudiantes y las personas instruidas interesadas en aproximarse a esta disciplina jurídica.El libro trata sólo de la parte orgánica o institucional del derecho constitucional español, es decir la organización y el funcionamiento del Estado en España.
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La colección IUSPLAZA tiene por objeto proporcionar los textos actualizados de la legislación vigente en la Comunidad Autónoma Vasca, junto con sus correspondientes índices analíticos , tanto en euskara como en castellano, utilizando para ello los soportes de su publicación en papel y a través de la página web www.iusplaza.com . En esta tarea, y al servicio de quienes operan en el mundo del Derecho, colaboran el Instituto Vasco de Administración Pública y la Academia Vasca de Derecho, con la participación de la editorial Thomson Reuters Aranzadi. IUSPLAZA bildumak berebiziko helburua du, hain zuzen ere, Euskal Autonomia Erkidegoan indarrean dauden lege testuen edukia euskaraz eta gaztelaniaz eskaintzea, behar den bezala eguneratuak eta haiei dagozkien aurkibide analitikoak barneraturik. Xede horretarako erabili dira paperezko euskarria zein webgunea, www.iusplaza.com . Zuzenbidearen alorrean ari direnentzako zeregin horretan elkarrekin dihardute Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak eta Zuzenbidearen Euskal Akademiak, Thomson Reuters Aranzadi argitaletxearen laguntzarekin.
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Legislación Laboral y de Seguridad Social
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La presente edición de la obra se ha centrado en la materia inmobiliaria registral para evitar una excesiva dispersión y extensión del libro, con una nueva sistematización y concreción de las materias referentes al ámbito inmobiliario e hipotecario. Se ha modificado también la denominación del libro como “Código de legislación hipotecaria” en lugar de “Legislación hipotecaria y del crédito inmobiliario”, centrándose esta edición en la legislación hipotecaria e inmobiliaria excluyendo materias ajenas a la misma para evitar un excesivo volumen de la obra. La Ley Hipotecaria, como texto fundamental, se incluye bajo el epígrafe §1 en el Tomo I en el que se trata su contenido con gran extensión de las notas y comentarios críticos de las Resoluciones así como las Sentencias del Tribunal Supremo y aquellas disposiciones que se han seguido dictando en relación con la coordinación Catastro-Registro y Resoluciones sobre los diferentes procedimientos de georreferenciación gráfica en relación con las fincas registrales y la inmatriculación y declaraciones de obra nueva, incluyendo también las últimas y más recientes modificaciones de preceptos de la propia Ley Hipotecaria como son las relativas a las medidas de apoyo a personas con discapacidad y a las disposiciones de la nueva legislación concursal en relación con el Registro. El Tomo II se inicia con el Reglamento Hipotecario bajo el epígrafe §2, indisolublemente unido a la Ley Hipotecaria en el que no sólo figura un contenido registral adjetivo sino numerosos preceptos de carácter sustantivo con extensas notas sobre los diferentes derechos reales inmobiliarios comprensivas de la jurisprudencia y doctrina sobre los mismos. Es una norma de gran extensión y contenido que ha dado lugar a numerosas Resoluciones y Sentencias que se incluyen en las notas correspondientes a cada precepto. Al propio tiempo se resuelven los problemas de vigencia de alguna de sus disposiciones con motivo de Sentencias y normativa posterior. A continuación, en el mismo Tomo II y bajo el epígrafe §3 se incluyen aquellos preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, muy numerosos, que se refieren a la materia inmobiliaria registral como son los relativos a las clases de resoluciones judiciales, la ejecución de hipoteca por el procedimiento de ejecución directa, la ejecución ordinaria con sus diferentes fases relacionadas con la materia inmobiliaria, las anotaciones de embargo en toda su extensión incluyendo las referencias a las tercerías de dominio y de mejor derecho, las medidas cautelares como las anotaciones de demanda y prohibiciones de disponer y las especialidades relativas a otras instituciones, entre ellas el juicio verbal de acciones reales derivadas del artículo 41 de la Ley Hipotecaria, el incidente extraordinario de oposición por cláusulas abusivas, las Sentencias dictadas por el Tribunal de la Unión Europea, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, y los preceptos relativos a ejecución de obligaciones de hacer, medidas de apoyo a personas con discapacidad y el juicio de división de herencia en lo que se refiere a su relación con el Registro. Seguidamente, en el epígrafe §4 de ese mismo Tomo, se incluye de manera exhaustiva la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario con todas las Resoluciones dictadas en relación con la misma y las novedades jurisprudenciales del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, especialmente en relación con la hipoteca multidivisa, el interés variable, el interés de demora y el pacto de vencimiento anticipado, así como las cuestiones que plantea el ámbito de aplicación de la Ley y los requisitos de transparencia de los contratos de crédito inmobiliario, los gastos de la hipoteca, comisiones, reembolso anticipado, jurisprudencia sobre la cláusula suelo y el IRPH, el Registro de Condiciones Generales y el Registro administrativo de prestamistas que no sean entidades de crédito. Y en los epígrafes §5 y §6 del citado Tomo II termina el libro con materias no menos importantes como son las correspondientes a la subrogación y novación de préstamos hipotecarios y la hipoteca inversa, respectivamente, así como las notas de jurisprudencia y doctrina relativas a las mismas. Y al final, el índice analítico por voces para facilitar la búsqueda de las materias.
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El presente libro contiene un estudio exhaustivo sobre la contribución de la jurisprudencia del Tribunal Supremo a la configuración jurídica de numerosos delitos de la Parte Especial, desde los inicios de la casación penal (1870) hasta la promulgación de la vigente Constitución española (1978). Aunque recientemente se han publicado algunos estudios centrados en la doctrina penal del Tribunal Supremo, no existe una obra tan exhaustiva como la presente, dedicada toda ella al análisis de la contribución de la doctrina legal al proceso de configuración de tantos tipos delictivos.
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