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Libros de derecho laboral y administrativo
¿Tienes alguna duda con respecto a los derechos legales que tienes como trabajador? ¿O sobre cuáles son tus obligaciones con la empresa? Éstas y otras cuestiones relacionadas con este entorno las puedes resolver con nuestra gran selección de libros de derecho laboral y administrativo. ¡Descúbrelos todos! Compra libros de derecho laboral y administrativo online. En Abacus disponemos de una amplia y variada selección de libros de derecho laboral y administrativo. Estas son algunas de las temáticas que tenemos disponibles en esta sección: estatuto de los trabajadores, nóminas y seguros sociales, normas laborales básicas, Derecho Administrativo, Ley de Prevención de Riesgos Laborales e Indemnizaciones por accidente, entre muchos otros temas.
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Estudio que pretende ser la primera monografía en el mercado que incluya las ambiciosas y significativas reformas laborales que se esperan en el sistema de pensiones, sumando significativas sentencias que inciden en la materia.
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La presente última edición se cierra normativamente a 31 de mayo de 2022. El propósito científico y metodológico de esta obra es ofrecer una visión sistemática y completa del ordenamiento laboral en su conjunto, de sus fuentes de producción normativa y de sus contenidos o soluciones jurídicas, así como de las herramientas conceptuales y críticas necesarias para la plena comprensión del complejo entramado institucional resultante de la ordenación de las relaciones de trabajo asalariado, individuales y colectivas, dentro del sistema constitucional español y de la Unión Europea. Cada nueva edición ha experimentado un proceso de relaboración permanente a través de la continuada e imprescindible revisión de buena parte de sus epígrafes y contenidos, cuando los agudos procesos de reforma normativa sufridos por el ordenamiento laboral español así lo han exigido. Tal es el último de ellos, a finales de diciembre de 2021.
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Nunca han estado completamente despejadas las zonas de frontera entre el trabajo asalariado, objeto típico de la legislación laboral, y la prestación de trabajo personal por encargo de otro en régimen civil o mercantil. La distinción debe partir, naturalmente, de las notas de ajenidad, subordinación y retribución que, con mayor o menor fortuna, fueron acuñadas desde hace tiempo por el legislador. Pero, como la jurisprudencia ha declarado reiteradamente, son variables de alto nivel de abstracción, con los consiguientes obstáculos para determinar con precisión su significado y, más aún, para proyectarlas sin fisuras sobre la vida real. De ahí que los tribunales hayan tratado tradicionalmente de identificar aquellos datos de la experiencia que pudieran ser reflejo o contrapunto de los elementos caracterizadores del contrato de trabajo. Son los llamados indicios de laboralidad, como señales o circunstancias que permiten llegar razonablemente a la convicción de que una determinada actividad debe entenderse o no comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho del Trabajo. Ante la dificultad de constatar a pie de obra la fórmula representativa del trabajo asalariado, se ha intentado trazar una relación de contigüidad entre las evidencias acumuladas en el caso concreto y el objeto idealmente representado en el pasaje legal de referencia. No existe, de cualquier modo, una lista cerrada de indicios. Tampoco sería sensato pretenderlo. Entre otras razones, porque están muy ligados a las formas de organización de la empresa y a las condiciones de ejecución del trabajo en cada momento y en cada contexto. La irrupción de la tecnología digital en el sistema productivo ha dado buena prueba de ello. No sólo ha supuesto cambios en la manera de ordenar, dirigir y prestar el trabajo. También ha puesto en circulación nuevos ingredientes e indicadores con vistas a su calificación jurídica a la definición de sus contornos en un mundo de constante transformación.
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Estudio de los problemas que plantean en la Administración los vínculos de carácter temporal, tanto funcionariales como laborales y de las medidas adoptadas para prevenir y, en su caso, sancionar los abusos que se produzcan. Análisis de los problemas que plantean los procesos de estabilización de plazas estructurales ocupadas con carácter temporal que diseña la Ley 20/2021 de 28 de diciembre.
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El análisis de la doctrina del Tribunal de Justicia en materias que cuentan con normas de la Unión pertenecientes al ámbito de la política social constituye un instrumento eficaz de acercamiento del Derecho Social de la Unión a cuantos desarrollan su actividad académica o profesional en el campo de las relaciones laborales y de seguridad social, así como a quienes participan en el ejercicio de potestades normativas. Sorprende que, cumplidos ya los treinta y seis años de permanencia de España en la que hoy es la Unión Europea, no esté normalizado el tratamiento de los problemas jurídicos que surgen en aquellas relaciones tomando en consideración las exigencias de las disposiciones normativas de la Unión. Todavía abundan los casos de tratamiento de los aludidos problemas prescindiendo de tales exigencias. Lo más grave es que abunden no solo en la doctrina jurídica, sino también en la legislación positiva, las actuaciones de los poderes públicos y la práctica judicial y forense, como muestran las respuestas del Tribunal de Justicia al creciente número de peticiones de decisión prejudicial planteadas por nuestros jueces, las cuales ya se aproximan a las ciento cincuenta. Ocho de los once estudios que se ofrecen en el presente libro proporcionan al lector el comentario de una buena parte de las más recientes sentencias y autos que incorporan las respuestas a las que se acaba de hacer referencia, se trata de sentencias y de autos dictados entre el 1 de diciembre de 2019 y el 31 de mayo de 2022. El indicado comentario incluye la identificación y valoración de los diversos tipos de impacto de esas respuestas sobre el derecho nacional (cambios normativos, interpretación conforme y aplicación judicial, sin más, de los preceptos de disposiciones normativas de la Unión dotados de efecto directo), los cuales no son distintos de los predicables de las sentencias y autos resolviendo las peticiones de decisión prejudicial anteriores a la primera de las fechas indicadas, como muestra otro de los estudios que forman parte del libro. En fin, no cabe pasar por alto los posibles efectos derivados de sentencias y autos resolviendo peticiones de decisión prejudicial presentadas por los órganos jurisdiccionales de otros Estados miembros. Buenos ejemplos de esto último son los dos estudios que restan.
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El objeto de este libro es presentar la Ciudad Activa y, sobre todo, cómo conseguirla porque la importancia de una pandemia global, como es el sedentarismo, ha vuelto aponer en primer término la salud y el papel de las ciudades para mantenerla.
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Bienvenida/o seas a esta nueva obra de Vicente Valera. Te presentamos la nueva serie MARTINA MINI. Una experiencia única en tu bolsillo. En este caso se trata de la LPAC. Cuenta con las increíbles ilustraciones de Cinthia Moure, en un formato mini, a todo color, con todo lujo de detalles (goma de cierre) y en máxima calidad podrás llevar en tu bolso o mochila o abrigo, un contenido esencial para poder aprovechar el menor de tus ratos muertos. Como siempre con Martina, verás resaltados los elementos más importantes, esto te ayudará al máximo en el estudio. Martina en su versión mini, para que la puedas llevar a todas partes. Recordarte que si, durante la vigencia de la presente edición, se produjeran cambios legislativos que afectaran al texto de la norma, podrás encontrar su actualización en: @1040preguntas y www.tecnos.es.
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Análisis de una temática especialmente relevante, actual y problemática en materia de Derecho Laboral: las formalidades e implicaciones procesales en el procedimiento extintivo individual de los contratos de trabajo. Esta institución posee los rasgos necesarios y suficientes para erigirse en objeto de estudio continuo y actual: es una figura jurídica que goza de una compleja y particular articulación normativa al mismo tiempo que se convierte en un elemento de total aplicación práctica, lo que suscita el planteamiento de numerosos problemas técnicos.
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La presente obra proporciona una visión teórica, reflexiva y crítica de la rama social del derecho al hilo de su delimitación conceptual y objetual. Las Unidades Didácticas se estructuran en cinco módulos, cuyos contenidos abordan aspectos teóricos, formativos (historia), delimitadores (esferas de iuslaboralidad), caracterizadores (concepto, rasgos y tendencias) y de producción jurídica (sistema de fuentes, interpretación y realización aplicativa). También integra un mapa didáctico de la asignatura con herramientas que contribuyen a afianzar los cambios metodológicos del EEES. Cada lección consta de unas acciones de entrada (resumen, objetivos, glosario) y unas acciones de cierre, compuestas de: preguntas de revisión, ejercicios de autoevaluación, actividades (lecturas, casos prácticos, tareas complementarias) y un abanico de mapas conceptuales al final de cada tema. El libro, que actualiza la versión del 2015, se complementa didácticamente con otros manuales, publicados en este mismo sello editorial, y así: ''Materiales prácticos para la enseñanza del Derecho del Trabajo y las Políticas Sociolaborales'' (ediciones 2009, 2013 y 2018), ''Test para el estudio y docencia del Derecho individual del trabajo: una propuesta teórica y transversal'' (2021) y ''Curso de Derecho del trabajo (Vol. II). Derecho individual'' (2022).
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El presente Código, cerrado a agosto de 2020, contiene más de 200 disposiciones estructuradas en 10 grandes apartados: I. Constitución Española, II. Disposiciones Básicas del sistema y grandes pactos de reforma, III. Organización y gestión del sistema, IV. Régimen económico-financiero del sistema, V. Normas generales del sistema, VI. Acción protectora del sistema, VII. Régimen General. VIII. Regímenes Especiales, IX. Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, y X. Otras ramas de la Protección Social Pública. Entre las novedades de la presente edición cabe señalar: a) En general, la obra integra en su contenido las modificaciones derivadas de la crisis sanitaria COVID-19, iniciadas con el RD-ley 6/2020, de 10 de marzo y seguidas por un torrente de cambios albergados en norma de diverso rango. b) En particular, la edición da cuenta de numerosas modificaciones relativas a: -Organización y administración: RD 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, RD 497/2020, de 28 de abril, de estructura del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, RD 499/2020, de 28 de abril, de estructura del Ministerio de Trabajo y Economía Social, RD 454/2020, de 10 de marzo, de estructura del Ministerio de Sanidad, y RD 452/2020, de 10 de marzo, de estructura del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. -Cotización y Recaudación RD-ley 18/2019, de 27 de diciembre, los Reales Decretos Leyes 8/2020, de 17 de marzo, 11/2020, de 31 de marzo, 15/2020, de 21 de abril, incluyen beneficios en la cotización y recaudación -Acción protectora Los RD-Leyes 6 a 17/2020 afectan a las prestaciones de incapacidad temporal, nacimiento y cuidado de menor, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, cuidado de hijo enfermo grave, jubilación y desempleo. Sobre revalorización y mínimo de pensiones incide el RD-ley 18/2019, de 27 de diciembre y RD-ley 1/2020, de 14 de enero. -Regímenes Especiales Esta edición incorpora la normativa básica de sobre Seguridad Social de los Funcionarios Públicos (Funcionarios Civiles del Estado, de la Administración de Justicia y Militares), así como del Régimen de Clases Pasivas del Estado. También incluye la relativa al Régimen Especial de Estudiantes. Finalmente, alberga las disposiciones básicas relativas Pensiones y otras Ayudas Públicas gestionadas por el Ministerio de Hacienda y que ahora han sido asumidas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social Todas las disposiciones de este Código se hallan concordadas y anotadas por Guillermo Rodríguez Iniesta y Antonio V. Sempere Navarro. La obra constituye tanto una forma cómoda de consultar nuestro Derecho de la Seguridad Social como una imprescindible Guía para conocer el estado de la cuestión. Toda esta recopilación incluye un índice analítico que permite la fácil localización de cualquier norma o precepto de interés, así como el mejor conocimiento del Sistema de Seguridad Social. La existencia de bases de datos y fuentes informáticas de conocimiento, lejos de desterrarlas, avalan su utilidad. Este libro incluye el contenido esencial de consulta en dos versiones, papel y digital, y una parte complementaria solo en la versión digital, tal y como se indica en el sumario del mismo, lo que permite el mejor uso de la obra en cualquier soporte.
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En la presente obra se han recopilado los textos normativos, actualizados a julio de 2018, que de manera básica configuran el régimen jurídico de nuestro Régimen Local. Las disposiciones aparecen extensamente anotadas y concordadas, con la finalidad de contribuir a un mejor conocimiento de las interrelaciones existentes entre las mismas, así como con otras normas de relevancia para el estudio del Régimen Local. Entre otros, se incluyen los siguientes textos: - Carta Europea de Autonomía Local. - Ley de Bases de Régimen Local. - Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. - Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. - Texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y Reglamento de desarrollo. - Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. - Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. - Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales. - Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Además, en ProView, se incluyen normas sobre presupuestos de las entidades locales (Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre y Real Decreto 500/1990, de 20 de abril), contabilidad local (Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, Orden HAP/1782/2013, de 20 de septiembre y Orden EHA/4040/2004, de 23 de noviembre), la Ley 1/2006, de 13 de marzo, que regula el Régimen Especial del municipio de Barcelona, y la Ley 22/2006, de 4 julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid. Se completa con una sinopsis de las normas autonómicas dictadas sobre la materia, y un extenso índice analítico para facilitar su consulta. Este libro incluye el contenido esencial de consulta en las dos versiones, papel y digital, y una parte de la normativa complementaria solo en la versión digital, tal y como se indica en el sumario del mismo, lo que permite el mejor uso de la obra en cualquier soporte. El precio de esta obra incluye la publicación en formato DÚO sin coste adicional (papel + libro electrónico), actualizable.
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Con el presente código, cuyo precedente lo conforma la edición de 2008 bajo el título de Código de Contratación de Obra Pública, se pretende, básicamente, centralizar en los contratos de obras públicas y aquellos referidos a la concesión de este tipo de obras la legislación específica que a los mismos compete. No se trata, en puridad, de una mera reedición o revisión de aquel primer código, sino que se enfatiza sobre el compendio de normas recogido en torno a la regulación vigente de tales contratos, con la correspondiente actualización de leyes, reales decretos, decretos, órdenes y recomendaciones. Se parte, para ello, de los preceptos respectivos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/EU y 2014/24/EU, de 26 de febrero de 2014. Asimismo, relacionamos otra serie de normas que, de un modo u otro, afectan a los contratos y concesión de obras públicas. En particular, en relación a esta última clase de contratos, además de la legislación contenida en el Capítulo II del Título II del Libro II, artículos 247 a 283, ambos inclusive, de la mentada Ley de Contratos del Sector Público, reproducimos algunas disposiciones todavía vigentes de la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas. A la espera de contar con un nuevo reglamento general del sector, nos hacemos eco igualmente del todavía vigente Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, concretamente en lo referido a aquellos artículos y anexos que afectan o se refieren a los contratos y concesión de obras públicas. Aparte de estas tres normas básicas, otras que podríamos denominar complementarias encuentran igualmente aquí cabida, como por ejemplo: en cuanto a revisión de precios, la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, y su Real Decreto de desarrollo 55/2017, de 3 de febrero, o, sobre morosidad, la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, así como los artículos 2 y 4, junto con otras disposiciones, de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de aquella.
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Adaptado a los planes de estudios, este Derecho Administrativo cubrirá en sus diversos tomos las asignaturas obligatorias y las optativas, y desde la llamada parte general hasta las partes especiales más significativas, como son las de Derecho urbanístico y ambiental. Todo ello con específicas referencias al Derecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aquellos aspectos o sectores en los que tiene más relevancia, Derecho autonómico que sirve además de referencia para una más completa visión del Derecho español en su conjunto.Su finalidad docente no se agota en la pretensión de ofrecer a los alumnos que se enfrentan por primera vez con el Derecho Administrativo unos conocimientos básicos, sino que aspira a servirles en su formación posterior que ha de ser permanente, en suministrarles conceptos, estructuras y principios que puedan servirles después para sus estudios complementarios y sus diversas actividades profesionales. De este modo, su propósito didáctico, aunque lleva a la obsesión por la claridad y el orden en la exposición de las ideas, no supone de ningún modo renuncia a la construcción teórica rigurosa ni al intento de aportar un sistema sólido de explicación de la realidad jurídica que, por el contrario, es también pretensión de esta obra. Por ello mismo, su carácter pedagógico no está reñido, sino todo lo contrario, con su utilidad para los profesionales del Derecho que, ya con más conocimientos, anhelen una comprensión cabal de un sistema jurídico que resulta de gran complejidad y, a veces, inextricable.
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En un mundo altamente globalizado, es habitual que las empresas busquen nuevos nichos de inversión y oportunidades fuera de las fronteras nacionales, como es el caso de las filiales, sucursales o similares que se instalan en otros países en los que los costes de producción pueden ser inferiores o que tienen una serie de conexiones estratégicas hacia otros mercados, como es el caso del Reino de Marruecos. Marruecos se ha considerado por muchos expertos como la puerta de entrada a África, además de contar con una serie de elementos clave en materia de tributación que han posicionado al país como un reclamo idóneo a nivel de inversión, especialmente en lo que respecta a la inversión europea. Considerando estos aspectos, España ha ampliado su Inversión Extranjera Directa hacia el país africano, además de contar con una serie de tratados bilaterales en materia de Seguridad Social y doble imposición, permitiendo que cientos de trabajadores decidan extender su carrera laboral en Marruecos. No obstante, durante el asentamiento de las empresas españolas puede surgir la necesidad de mano de obra cualificada, o puestos de mando intermedios que necesitan ser desplazados a esta nueva sucursal, surgiendo de esta forma la figura del trabajador expatriado. A tenor de los antecedentes antes expuestos, el principal objetivo de esta investigación es indagar en la figura del trabajador expatriado en Marruecos, intentando definir de forma clara los elementos propios del mismo, los derechos y deberes de este colectivo, la configuración jurídica y los aspectos clave de los convenios celebrados entre ambos países, realizando un repaso por las diversas publicaciones al respecto, normativa aplicable, y jurisprudencia que ha abordado los posibles problemas de este colectivo.
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Beatriz Vázquez Fernández habla sobre las necesidades de las administraciones públicas, la ley de contratos del sector público, el procedimiento de contratación menor por las administraciones públicas y las conclusiones del estudio.
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Los juristas nos enfrentamos al reto de analizar los riesgos que para la privacidad de las personas tiene el uso de la Inteligencia artificial y el Big Data. El derecho fundamental a la protección de datos personales tiene una imbricación transversal en todos los órdenes jurisdiccionales: civil, penal, contencioso administrativo, social y militar. La sociedad demanda respuestas sobre un derecho que rompe con cánones establecidos hasta ahora. La territorialidad o el orden de prelación de fuentes, quedan indefectiblemente modificados. La responsabilidad proactiva es una novedad en la vigente regulación. El término accountability hace referencia a la responsabilidad en la implantación de los mecanismos adecuados para el cumplimiento del régimen jurídico del derecho a la protección de datos y a la utilización de métodos de validación que aseguren la fiabilidad del sistema establecido en la defensa de este derecho. Se trata de un sistema basado en la evaluación de los riesgos y en la demostración de la efectividad del mecanismo utilizado en la protección del derecho, cuando así lo soliciten las diferentes autoridades de control.
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El estudio de investigación desplegado aborda desde una estricta perspectiva jurídico-laboral el más extraordinario de los mecanismos procesales instituido en nuestro Ordenamiento Jurídico: la revisión de sentencias firmes. En concreto se centra en el primero de los motivos previstos para la revisión, esto es, el acceso a documentos relevantes de los que no hubiese podido disponer la parte por causa de fuerza mayor o por voluntad de la parte que hubiese resultado beneficiada por la sentencia. La investigación aporta un desarrollo exhaustivo y riguroso de la institución procesal a partir del cual se ofrece una inédita conceptualización y conformación de instituciones procesales laborales de extraordinario valor práctico de carácter trasversal tales como la «decisividad» del documento y el juicio de «decisividad». Estamos ante un auténtico tratado sobre los documentos en el proceso laboral, su valor probatorio y sobre el modo de determinar su carácter decisivo a efectos de suplicación, casación y revisión.
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La presente Edición de este Manual surge, como en anteriores ocasiones, al hilo de una (pretendida) nueva reforma de la LBRL: la operada por Ley 27/2013, 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Esta ley (la LRSAL) no es, realmente, un texto que venga a sustituir a la LBRL, pero supone una modificación de buena parte del contenido de nuestra ley básica y de su propia filosofía. La gravedad de la crisis económica y financiera que padecemos y la necesidad de asumir los dictados de la Unión Europea ha venido a justificar una modificación del artículo 135 de la CE consagrando a nivel constitucional y para todas las Administraciones públicas el principio de estabilidad presupuestaria. La Ley de Reforma para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local ha modificado el sistema competencial de municipios y provincias, la Planta local (incidiendo en competencias autonómicas) la propia iniciativa pública local, el sistema normativo del servicio público y sus medios gestores, la contratación local (en el inicio de una nueva etapa marcada por el nuevo paquete de directivas comunitarias) la función pública... . Todo ello (como se expone en las correspondientes lecciones de este trabajo), esgrimiendo títulos competenciales de dudosa validez y con escaso respeto a las recientes reformas estatutarias y las nuevas leyes autonómicas de Régimen local. Lugar preferente ocupa la reforma de la Provincia que los borradores iniciales del Proyecto de la LRSAL consideraron pieza básica de la reforma competencial en un intento de «provincialización de la gestión de competencias municipales» en los supuestos, tan habituales, de municipios en dificultades (si no quiebra) económica. Todos los temas han sido revisados y actualizados a fecha junio de 2014 y con esta puesta al día se han actualizado la legislación, la jurisprudencia así como la bibliografía general y específica de cada lección. El arduo trabajo que todo ello ha llevado consigo creo que permite afirmar, que el libro que el lector tiene en sus manos es el estudio más sintético, completo y actualizado que actualmente está en las librerías sobre este complejo mundo de lo local.
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La nueva edición del volumen I (Derecho Administrativo Básico. Parte General) mantiene el estilo directo y sencillo de las ediciones precedentes, con los contenidos básicos para el estudio y comprensión del Ordenamiento jurídico de las Administraciones Públicas. Pero, en la decimotercera edición, no solamente se incluyen modificaciones normativas recientes (especialmente, las importantes leyes 39/2015, del procedimiento administrativo común y 40/2015, del régimen del sector público), con las interpretaciones del Tribunal Constitucional, sino que se han actualizado las referencias bibliográficas y jurisprudenciales más destacadas. En este primer volumen, se exponen y explican temas imprescindibles para la comprensión del Derecho administrativo (Estado autonómico, fuentes, organización administrativa, empleo público, actos y procedimientos administrativos, recursos administrativos y garantías jurisdiccionales, así como responsabilidad patrimonial de la Administración). El volumen II. Parte Especial, completa el examen temático con la exposición de otras partes no menos necesarias (modos de acción y potestades de la Administración, contratación, patrimonio público, aguas, montes, minas, infraestructuras públicas, etc.) para la formación del administrativista. La originalidad de la exposición temática se evidencia en los diferentes tipos de letra. El texto principal se ofrece en letra de mayor tamaño, analizando las instituciones, técnicas y conceptos básicos del Derecho de las Administraciones Públicas y omitiendo las citas de preceptos legales (con excepción de preceptos de la Constitución y, ocasionalmente, de leyes orgánicas que la desarrollan, y de los Tratados de la Unión Europea. Por otra parte, a continuación de cada tema se suministran, en letra de menor tamaño, explicaciones adicionales y complementarias, así como las citas legales y jurisprudenciales. Este Manual es fruto de la experiencia del autor en la docencia impartida a lo largo de muchos años en Derecho administrativo en la Universidad de Zaragoza, respondiendo a las nuevas guías docentes y programas de los planes de estudio que exige el sistema de convergencia europea. En definitiva, pretende servir de soporte a los estudiantes de «Grado» en las Facultades de Derecho y demás centros de enseñanza de la Administración, Gestión Pública y similares. La finalidad y estructura de la obra, resultan también perfectamente útiles para quienes aspiran al acceso al empleo público en cualesquiera Administraciones y demás Organismos públicos.
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Las Políticas sociales, constituyen un instrumento esencial para el Bienestar, la igualdad de oportunidades y la cohesión colectiva en el siglo XXI. La obra analiza los problemas actuales que presentan instituciones como la Seguridad social, la Sanidad, la Educación, los Servicios sociales en España y en la Unión Europea, entre otros sectores, resaltando sus tendencias, innovaciones y cambios
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Esta obra analiza los retos de la gobernanza del agua y la reutilización y gestión sostenible de los recursos hídricos y del ciclo integral del agua, en el marco de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Se estructura en tres bloques que, desde la óptica del Derecho Administrativo, incluida la prevención de riesgos laborales, del Derecho Tributario y del Derecho Internacional y Penal, agrupan estudios jurídicos relacionados con el derecho al agua y al saneamiento, el uso y explotación de los distintos tipos de recursos hídricos y la gestión sostenible del agua. Se abordan, entre otros, aspectos administrativos sobre planificación hidrográfica y ordenación del territorio, seguridad y salud laboral, vertiente ambiental de los tributos, cánones vinculados a la producción de energía hidroeléctríca, a las aguas termales y minerales y al ciclo del agua, repercusión de costes, gestión transfronteriza del agua, cambio climático o amenaza de la seguridad hídrica, ecosistemas marinos o la protección penal de las aguas, El estudio desea contribuir, desde el ámbito del Derecho, al objetivo de garantizar el acceso universal y la gestión sostenible del agua, procurando la armonización de los intereses medioambientales, económicos y sociales en conflicto.
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La movilidad y el transporte son dos conceptos que interactúan pero, en el momento presente, hay que poner el acento en la movilidad. Dentro de este cambio de óptica se está elaborado la Ley de Movilidad Sostenible que tiene como objetivo poner el eje en la movilidad y que va a condicionar la regulación pública y privada del transporte. La presente obra colectiva ha reunido a un grupo de autores que, desde la perspectiva académica, profesional y técnica, tienen la pretensión de analizar los aspectos que han influido e influyen en esta nueva realidad para conseguir que el transporte por los distintos medios sea más sostenible, así como recoger las novedades en la movilidad urbana, que es la que presenta un mayor evolución en torno a la sostenibilidad debido a la utilización de nuevos vehículos menos contaminantes y más sostenibles. Todo ello impregnado de la idea de que la movilidad debe ser para todos, por lo que el transporte de personas debe ser accesible y protector de los más vulnerables tanto en su regulación como en la resolución de los conflictos.
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Según la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión europea, de 11 de diciembre de 2014, España incumple las obligaciones derivadas de los arts. 49 y 258 TFUE, referidas a la libertad de establecimiento. Ello ha supuesto derogar, de forma demasiado rápida y radical, el régimen jurídico laboral de las SAGEP -Sociedades Anónimas de Gestión de los Estibadores Portuarios- y la relación laboral especial de los estibadores portuarios, regulación que quedaba contenida en el Texto Refundido de la Ley de Puertos aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2011, de 5 de septiembre. El RDL 8/2017, de 12 de mayo, es la norma por la que se da cumplimiento al mentado pronunciamiento, obligando a la desaparición de las SAGEP, creando los nuevos Centros Portuarios de empleo y derogando la totalidad del régimen anterior. El régimen jurídico de estos Centros Portuarios de Empleo aparece, desde entonces, en el nuevo Capítulo V de la Ley 14/1994, de 1 de junio, reguladora de las Empresas de Trabajo Temporal. El RDL 9/2019, de 29 de marzo y, más recientemente, la Ley 4/2022, de 25 de febrero, se encargan completar aquel primer RDL 8/2017 y de resucitar, así, el marco jurídico-laboral del sector, un proceso que también se ha visto culminado con la aparición del V Acuerdo Marco del sector el 4 de mayo de 2022. Este estudio analiza el trazado de este nuevo régimen jurídico, marcado por la sumisión a la Sentencia del TJUE, a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y que debe respetar, también, los dictados del Convenio nº 137 de la OIT.
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La presente obra es contenedora de una serie de estudios que giran en torno a la igualdad como vector necesario en el cumplimiento de la Agenda 2030, y por ende de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se pretende aportar una visión con perspectiva de género para cada uno de los objetivos de forma que permita abordar el análisis de las políticas de la Unión Europea, de las nuevas tecnologías, el cambio climático, la educación, las comunidades rurales, el urbanismo, la inmigración, las privaciones de libertad o la contratación. El lector tiene ante si una obra que invita a la reflexión sobre aspectos claves de la igualdad abordando el alcance de la perspectiva de género como una oportunidad para cumplir los objetivos que conforman la Agenda 2030 como la erradicación de la pobreza extrema y el hambre, combatir el cambio climático, garantizar el acceso universal a servicios de salud y educación, la protección de los sectores más vulnerables…, haciendo preciso el compromiso de todos para construir alianzas….
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